Zona cero del odio: el incendio

Uno de los pilares de las democracias parlamentarias es el control del poder ejecutivo por el Parlamento, elegido por el pueblo y donde radica la voluntad popular. Todos los gobiernos democráticos del mundo se han dotado de mecanismos para que este control sobre el ejecutivo sea una realidad efectiva y constructiva. En España, es el Reglamento del Congreso el que cumple ese papel. Regula, entre otras cosas, las sesiones de control parlamentario, para lo cual, los representantes de la voluntad popular tienen que formular las preguntas que consideren pertinentes al presidente del Gobierno y a sus ministros.

Este instrumento democrático de control ha devenido en un lodazal tan inmundo que da vergüenza escuchar a esta caterva de impresentables (iba a utilizar la formula "señorías", pero es como vestir a la mona de seda). No recuerdo en los más de cuarenta años de vida parlamentaria un momento como este, nacido desde el momento mismo del triunfo de la izquierda en las pasadas elecciones. "Gobierno ilegítimo", fue el eslogan que acuñó la derecha y extrema derecha, acostumbrados como están a entender el poder como su propiedad. Por supuesto que ha habido momentos tensos, debates a "cara de perro", frases que por sí solas se descalifican, como la de aquella ínclita diputada del PP, Andrea Fabra (su padre, condenado por corrupción, por cinco delitos fiscales): ¡que se jodan!, dirigidas a los obreros en paro, o la del ministro de Economía de Aznar, Rodrigo Rato, autor del "milagro económico de España" (ladrillo y ¡pelotazo!), en la cárcel por corrupción (y le quedan más juicios): "Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros". Todo aquello ha ocurrido, pero las costuras del Estado democrático resistieron los embates.

Hoy es distinto. La presencia tóxica de la extrema derecha (contra la que nos creíamos vacunados), lo contamina todo, especialmente al PP de Casado, incapaz de desprenderse del discurso que le impone Vox. A casado le viene grande el cargo. No era Cayetana Álvarez de Toledo, con su veneno, la que desentonaba, es el PP de Casado el que ha perdido las referencias de un partido de centro-derecha, de un partido de gobierno. Vox lo tiene claro, el PP no.

En ese contexto, las sesiones de control parlamentario son un lodazal, PP y Vox compiten a ver "quién la tiene más grande" para atizar al Gobierno. Se han puesto de acuerdo en una cosa: no preguntar por los fallos en el control de la pandemia (que los hay y muchos), por el curso de la economía, por la educación, por la gestión de los ERE (¡vaya desastre!), por las pensiones, por las negociaciones con la UE... nada de esto importa (a pesar de que el Gobierno es de ello de lo que tiene que rendir cuentas). Importa insistir machaconamente en que este es un Gobierno ilegítimo, un Gobierno social-comunista, bolivariano, pro-etarra. Un Gobierno asesino de españoles (covid-19). No, no preguntan nunca. La pregunta solo queda recogida en el Libro de Sesiones y solo sirve como palanca para soltar el mitin incendiario en el Parlamento.

En ningún otro país de la UE ocurre esto. Es más, tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea no ocultan su preocupación por lo que ocurre en España con la deslealtad de la oposición en la lucha contra la pandemia. Les parece una mala pesadilla que el Gobierno autonómico de Madrid haga oposición al Gobierno de Sánchez utilizando la pandemia.

"Si su señoría no se sonroja, permítame que yo me sonroje en su lugar". Esto le dijo Manuel Azaña en 1933 a un diputado en una sesión de las Cortes ante una salida de tono del diputado. Hoy, decir esto sería motivo de chufla por parte de los fabricantes de odio, porque como muy bien señala el periodista Andrea Rizzi: "Puede sostenerse que no hay país de la UE que sume a la vez crisis sanitaria, económica y política tan oscuras. Las palabras envenenadas que rebosan los hemiciclos de las Cortes corren el riesgo de empapar como gasolina el tejido social. El incendio puede ir a peor".

Y va a peor. Hace unos días, alrededor de 150 personas se manifestaron en Benimaclet (Valencia) en contra del Gobierno de Sánchez con banderas preconstitucionales y de la falange. Acompañaron la misma con cánticos falangistas, gritos de "Arriba España", "Viva Cristo Rey" y saludos fascistas. Desde un balcón, unos vecinos les criticaron su actitud. Los manifestantes les contestaron con el saludo nazi, retándolos a bajar a la calle. En ningún momento se observó que la Policía hiciera algo por retirar los símbolos del odio. Mientras tanto, en una ciudad alemana, ante una manifestación legal en pro de la inmigración, un ciudadano sentado en una terraza de un bar levanta el brazo con el saludo nazi (en plan provocador). Un policía que se encontraba a unos metros le hace bajar el brazo y le comunica que le acompañe a Comisaría porque va a ser denunciado por incitación al odio y por hacer uso de simbología anticonstitucional (si es procesado le pueden caer hasta tres años de cárcel).

No, no es que la Policía española sea peor que la alemana. Es un problema de leyes y de normas de actuación derivadas de esas leyes. En Alemania, la Constitución prohíbe el negacionismo nazi y la apología se símbolos fascistas, bajo pena de cárcel. En España, el odio y la apología fascista campan a sus anchas desde que Vox está en el Parlamento, generando alimento para sus huestes.

El próximo miércoles se debate en el Parlamento la moción de censura al Gobierno de Sánchez presentada por Vox. Todos saben, todos sabemos, que es imposible que salga adelante, ellos también. Pero eso no importa, lo que importa es el ruido, lo que importa es que el foco mediático se fije y se expanda. La mentira a lo Trump, el insulto gratuito, la descalificación, la zafiedad, la desvergüenza, una vez más estará en el hemiciclo. La decencia no puede competir con ello. El Parlamento del pueblo convertido en la zona cero del odio. Nadie podrá repetir las palabras de Manuel Azaña: "Si su señoría no se sonroja, permítame que me sonroje en su lugar".