No, no es justo
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno socialcomunista de Pedro y Pablo recoge la medida de incrementos del salario de todos los funcionarios en un 0,9 por ciento. Si definimos la justicia, siguiendo a Aristóteles en su Ética a Nicómaco, como el tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, esa medida además de inoportuna y populista es profundamente injusta.
Si dejamos al margen, de una parte, al personal sanitario y auxiliar, y de otra, la insolidaridad con todos los trabajadores que se han visto sometidos al cobro siempre retrasado de los ERTE, la proclamación del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, con el confinamiento domiciliario de la población, significó la paralización casi absoluta de toda la Administración, con la mínima prestación de determinados (pocos) funcionarios en régimen de teletrabajo, carentes de medios telemáticos efectivos. Solo a partir del mes de junio se reanudó la actividad presencial, con muchas limitaciones, fundamentalmente en la Agencia Tributaria y el Servicio Público de Empleo (no, por ejemplo, la Tesorería de la Seguridad Social), requiriéndose citas previas incluso para el registro ordinario de documentos. Todos los que hemos tratado con la Administración en estos meses conocemos la práctica imposibilidad de contactar telefónicamente y la dificultad de relacionarse telemáticamente, pues se ha dependido de la buena voluntad y disposición de unos (pocos) funcionarios que, con auténtico espíritu de servicio, tratan de solventar los problemas que se les plantean y que realmente son los que están soportando toda la estructura del sistema, cumpliendo de verdad la atención a los intereses generales y el principio constitucional de eficacia de la Administración (103.1 Constitución).
Sí que es cierto que se ha aprobado un decreto ley regulador del trabajo a distancia (teletrabajo) como desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, pero expresamente inaplicable al personal funcionarial y laboral de las administraciones, con lo que la actividad a distancia de estos ha dependido únicamente de la ética personal de los mismos.
Por tanto, ha habido (hay) una muy diferente dedicación laboral entre los funcionarios que, por justicia, ha de ser considerada, y por consiguiente retribuida, de diferente manera, en función de su real productividad. Y, desde luego, es absolutamente injusto que todos los funcionarios tengan el mismo tratamiento retributivo.
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