Suspenso a los políticos
Con ocho parece que no ha bastado y la nueva ley de Educación, bautizada como “ley Celaá”, ha nacido con tantas discrepancias como las siete anteriores y con un mayor enconamiento en materias tan sensibles como las que afectan a la educación concertada o al castellano como lengua vehicular.
Parece mentira que en más de cuarenta años de Democracia los políticos españoles no hayan sabido o no hayan querido ponerse de acuerdo en uno de los pilares que sustentan el Estado de derecho, como es el de la educación en todas sus vertientes y ramificaciones. No es de recibo que la nueva ley, que acaba de remitirse al Senado, al ser aprobada con solo un voto más de la mayoría absoluta, mantenga enfrentada a la comunidad educativa en momentos tan delicados como los que estamos atravesando.
Es evidente que nuestros políticos no han hecho bien los deberes, que se merecen un sonoro suspenso y la reprobación unánime de una sociedad que asiste impotente a espectáculos tan lamentables como el del debate político sobre la educación. Una educación que, de nuevo, ha brillado por su ausencia en el Parlamento.
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