Educación concertada, un fraude
Como continuación a mi reacción ante la estrategia de la derecha ultrarradical, lanzando bulos y mentiras que conducen a la desinformación de los ciudadanos, y que apuntan a la educación de nuestros niños y niñas, lo más sensible y desprotegido de la sociedad, me siento en la necesidad de informar sobre estos asuntos que me afectan como persona y como profesional de la enseñanza.
Proclamar bulos, como muchos hacen, diciendo que se está atacando a la libertad con que la nueva Ley Celaá al impedir que las familias elijan la educación que quieren para sus hijos, eso un bulo. Que se van a cerrar los centros concertados y que van a ir los profesores al paro, otro bulo.
Para responder a esto hay que saber en primer lugar que la responsabilidad de la planificación educativa le corresponde a la Administración, que debe velar por la correcta administración de los recursos públicos. Y por sentido común las familias no tienen un derecho absoluto a elegir centro; sólo pueden optar por un modelo público o por uno privado concertado. La Administración, en función de las plazas disponibles, les asigna el centro o centros que han elegido si existen plazas y, si no existiesen plazas en el centro o centros elegidos, se les ofrecería una plaza en otro público o privado. Pero si la Administración llegase a ampliar unidades en algún centro concertado, atendiendo a la demanda, como algunos piden, existiendo plazas vacantes en centros públicos, la Administración podría incurrir en un delito de malversación de dinero público. Por todo lo dicho no se puede decir que en esa Ley se atenta contra la libertad.
Por otra parte, es necesario saber que los conciertos educativos nacen con la LODE en 1985 y tienen un carácter subsidiario de la Red Pública, que en aquel tiempo no tenía plazas suficientes para abordar una escolarización generalizada y obligatoria. Por tanto, el concierto tenía y tiene un carácter temporal, que se podría renovar periódicamente siempre que cumpliesen los requisitos establecidos para poder concertar; entre ellos el de gratuidad, y su aplicación al período de escolarización obligatoria. Todo esto, en 35 años se ha ido prostituyendo con el bipartidismo, pues los incumplimientos de estos centros han sido permitidos sistemáticamente por las distintas administraciones, a pesar de los informes aportados por la Inspección educativa. El carácter gratuito en los centros concertados no se cumple pues se cobran cuotas a las familias que el Partido Popular les permitió desgravar a Hacienda. En algunos centros concertados se lleva a cabo la segregación por sexos desde la firma del concierto, siendo difícil defender constitucionalmente. En muchos de ellos se podría cometer un fraude, ofertando enseñanza bilingüe sin disponer de los recursos necesarios, como disponer de profesorado nativo, que no es lo mismo que ayudante de conversación. Por contra en los colegios e institutos públicos sí existen profesores nativos que imparten ciertas áreas en inglés, gracias a un convenio establecido hace años con el British Council, que permite a muchos alumnos alcanzar un nivel alto de dominio del inglés, con la posibilidad de alcanzar una doble titulación académica al finalizar los estudios. Siendo España el país europeo con mayor porcentaje de centros concertados, la Religión sigue en los colegios públicos, aunque en la Constitución se declare que España es un Estado aconfesional.
Mientras la debilidad de la Escuela Pública se acentúa, la privada se fortalece. Mientras los partidarios de una Escuela Pública deberían estar en las calles para protestar por los incumplimientos del programa electoral de los dos partidos del Gobierno sobre la laicidad en la Escuela Pública, son los centros privados los que invaden las calles protestando con bulos porque temen perder sus privilegios, que siguen conservando en esta Ley. Vamos, el mundo al revés.
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