Una cuestión de confianza
En noviembre del año 2019 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondía en Radio Nacional de España a una pregunta hecha por el comunicador de un programa sobre la Fiscalía General del Estado; dicho comunicador le preguntaba: ¿La Fiscalía de quién depende? A lo que el Presidente respondió (en un rasgo de sinceridad): depende del Gobierno. El Presidente solo puso blanco sobre negro a una figura que todos sabemos que a pesar de pertenecer a la esfera judicial es nombrada a dedo por el Gobierno de turno, y por lo tanto su función siempre estuvo bajo sospecha sobre su independencia. Todos los gobiernos dieron directrices a los diferentes fiscales generales sobre cómo era conveniente actuar en temas más o menos proclives a los intereses de dicho Gobierno.
La Fiscalía siempre puso por bandera su independencia, pero a estas alturas de la democracia nadie pone en duda esa manipulación por parte de los diferentes gobiernos a lo largo de estos cuarenta años. El último ejemplo fueron las directrices dadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Fiscalía para que diera órdenes a los fiscales de no admitir ninguna querella contra el Ejecutivo con relación a la gestión de la pandemia que padecemos.
Bien es cierto que el Ejecutivo y el legislativo manipulan de facto al poder judicial, ya desde los nombramientos del fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, si no fuera así, ¿qué razón habría para la negativa constante del PP al cambio del actual Consejo?
El Gobierno acaba de enviar a las Cortes el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal con un cambio fundamental: los fiscales serán los que se encarguen de las investigaciones y no los jueces, como hasta ahora. Ya sea por imperativo de la Unión Europea o bien porque nuestra ley ya no se ajusta en tiempo y forma a la realidad actual, el cambio tiene que hacerse, pero mucho me temo que con la politización de la justicia y la judicialización de la política que estamos viviendo, poco o nada cambiará en el bochornoso espectáculo que a veces nos ofrecen las instituciones del Estado. Lo que ya no tengo tan claro es la independencia de los fiscales en el futuro, con respecto a su "jefe" el/la fiscal general del Estado nombrada/o por el Gobierno de turno.
Siempre que alguien propone cambiar la forma de elección de ambas figuras jurídicas nadie se pone de acuerdo en cómo habría que hacerlo, pero lo que en realidad pasa es que nadie querría enfrentarse a un poder judicial independiente, por lo que argumentan dificultades orgánicas para hacerlo, pues lo que les interesa es mantener el statu quo actual y poder seguir manipulando a la tercera pata de nuestro organigrama de Estado.
Para que ambas figuras (Fiscalía y CGPJ) tuvieran más independencia tendrían que ser aprobadas por el Congreso y el Senado en asamblea conjunta y votación secreta, después de ser examinadas por una mesa conjunta de ambas cámaras, con luz y taquígrafos, y los candidatos serían nombrados por los partidos políticos representados en el Parlamento.
La confianza es como el cristal, una vez que se rompe es imposible restaurarla, y en este caso esta confianza está más que perdida. Sería bueno para todos un nuevo cristal, claro, diáfano, transparente para poder confiar en una justicia libre e independiente del poder político y que todos nos conociéramos y reconociéramos en ella.
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