Libertad educativa e igualdad esencial
Por mucho que se hable de la libertad educativa nunca la hemos buscado. Como tal deseo de libertad educativa se podría decir emulando a Evelyn Beatrice Hall: "Estoy en desacuerdo con lo que educas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a educar en ese pensamiento, si es constitucional y no está en contra de la libertad".
Al fin y al cabo, con el educador influyendo en el educando, lo probable es que el futuro ciudadano actúe según se le enseñó y, con los datos adecuados, será predecible en sus elecciones. Habrá, por tanto, más libertad democrática si hay más diversidad en los programas complementarios educativos, junto a un amplio programa común para la igualdad esencial. Nunca tendremos libertad educativa hasta que la Hacienda pública no otorgue un cheque (según el curso al que asista el discente) con que poder acudir a un centro homologado para el amplio programa troncal más el complementario de garantía de diversidad constitucional en libertad. Por supuesto, soy defensor de que existan centros públicos, ¡de tan alta calidad y servicio! Que la mayoría de los discentes (o los padres en su representación) echarían la solicitud para ellos siendo la Junta Escolar del centro quien decidiría su inclusión o no (en primera instancia) ya que el centro recibiría como financiación el cheque. Lo importante no es si el centro es público o privado, sino si está homologado y puede cobrar el cheque o no. Si un alumno no es seleccionado para un centro, la Administración tiene la obligación de escolarizarle satisfaciendo sus necesidades discentes en la zona más cercana. De ahí la importancia de la existencia de suficientes centros propios de la Administración con especificidades especiales de calidad docente, y múltiples aulas de apoyo suficientes.
¿De qué dependería la homologación? De su eficacia medida por una revalida o evaluación pública de los alumnos cada dos años sobre el programa único troncal homologado por el Estado y la progresión de los discentes. Si un centro público no superase el margen de eficacia, la Administración tendría que mejorar las condiciones docentes invirtiendo en una mejor preparación o selección del profesorado (incluso ofreciendo años sabáticos de preparación al profesorado). Obviamente, la Administración será muy exigente con los centros privados que tuviese homologados si no diesen justificación de su eficacia. También, tras las revalidas y evaluación, existiría la orientación a padres y alumnos para buscar dicha eficacia. En estas revalidas estriba la igualdad esencial, que no es ignorancia igualitaria.
La política solo tendría que discutir la cuantía del cheque y la homologación del amplío programa troncal para la evaluación.
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