Jubilados ricos por decreto

La mañana del día 7 de julio desayuné con el titular que LA NUEVA ESPAÑA publica en su primera página, referido a la defensa que el Principado se hace de un posible pacto nacional para que los jubilados ricos paguen las medicinas. La reacción inmediata, lógica y natural fue la de comprobar qué entiende nuestra Administración autonómica por «jubilado rico». La curiosidad no ha tardado en ser satisfecha, en la página interior que desarrolla el artículo se encontraba la respuesta: todo aquel que perciba una pensión superior a los 21.500 euros brutos al año, sin discriminar si el pensionista está amparado por un fuerte patrimonio o si sólo tiene la pensión como único medio de subsistencia. Si un trabajador, después de cumplidos los 65 años, y de trabajar y cotizar a la Seguridad Social durante prácticamente toda una vida, no tiene derecho a vivir los últimos años de su existencia con un mínimo decoro, disponiendo de unos recursos mínimos que le puedan proporcionar un razonable nivel de bienestar, creo que, en materia social, no hemos dado ni un solo paso adelante. A este respecto, estimar que unos ingresos de 21.500 euros año, tomados de forma aséptica, sin otras consideraciones patrimoniales adicionales, establecen el umbral de la riqueza me parece un despropósito y considerar ese baremo para hacer recaer sobre un grupo de resignados ciudadanos la voracidad recaudatoria de la Administración con el objeto de solventar una situación de crisis originada y sostenida, en gran parte, por su propio desacierto en la gestión me parece una burla. En una situación en la que se produce tanto despilfarro, hablar de justicia a la hora de proponer fórmulas para contribuir a sufragar el gasto, esgrimiendo estos planteamientos, provoca, cuanto menos, estupor. Ante este nuevo intento de latrocinio, las asociaciones de jubilados no pueden permanecer, ni un momento más, en estado de letargo; se impone una movilización contundente que frene tamaña felonía.

Es indiscutible que hay que poner coto al desorbitado gasto sanitario y al desconcierto que reina en algunos sectores de nuestra sanidad que, sin duda, también forma parte del problema y que para alcanzar esta meta probablemente será necesario recurrir a la adopción de algunas medidas impopulares, pero siempre como último recurso, nunca sin haber agotado previamente todas las vías alternativas disponibles. Sin duda será imprescindible abordar una profunda reestructuración del sistema en sus ámbitos de organización, gestión y financiación, dotándolo de los medios adecuados (técnicos, materiales y humanos), optimizando todos sus recursos y evitando cualquier gasto superfluo; todo ello sin pérdida de la calidad de atención a los usuarios y con la más amplia oferta de servicios posibles. No se debe actuar precipitadamente, caer en la tentación de aumentar los ingresos sin previamente racionalizar y controlar gastos, es siempre el camino más fácil, pero no el más eficaz ni, menos aún, el más justo. Abordado todo lo anterior, conseguidos los primeros objetivos, será el momento de proceder a evaluar la necesidad de que los beneficiarios contribuyan a la sostenibilidad del sistema, en qué medida y en qué forma, teniendo siempre en cuenta la distribución de la carga en función de sus niveles de renta globales.

Cuando hablamos de decisiones que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos, como el caso del copago sanitario, bien sea por el uso de los servicios o por la adquisición de medicamentos, es obvio que tocan un punto muy sensible del contribuyente y provocan el inmediato rechazo, máxime cuando estas decisiones políticas vienen de la mano de aquellos que no se destacan precisamente por sus lecciones de austeridad, gozan de los más altos privilegios y viven a todo lujo a costa del dinero público. Para ser medianamente creíbles es preciso predicar con el ejemplo, y el que está dando esta clase política dirigente no es precisamente el más convincente. En una epoca de especiales dificultades económicas, con un nivel de paro astronómico, con la mayoría de los sufridos ciudadanos que incluso teniendo el privilegio de disponer de un trabajo están viendo disminuir sus ingresos al tiempo que aumentan sus gastos, y con unas pensiones congeladas, cualquier medida que suponga un nuevo recorte de derechos, históricamente adquiridos, no es fácilmente entendida ni asumida. Es exigible un mayor rigor en la actuación política, meditar profundamente las decisiones, no difundir rumores que generen alarma y disparen las especulaciones y, sobre todo, menos frivolidad.

Constantino Díaz Fernández

Oviedo