Inestabilidad

No voy a referirme especialmente a las sacudidas sísmicas que afectan a la provincia de Granada con una intensidad de 4,3 grados de la escala Richter. Son sobradamente conocidas y reiteradas, y yo, como geólogo, sugeriría aliviarlas en el futuro, adoptando en toda esa área normas de construcción asísmica, que fundamentalmente se basan en una cimentación sólida estructurada en un marco o parrilla pluralmente enraizada en el suelo que, al ser golpeada por las ondas sísmicas, se desplazará poco y solidariamente, evitando tensiones diferenciales al edificio que son la causa de fracturas y desprendimientos.

Me parece mucho más preocupante para España la inestabilidad política que agita a todo el Estado, sacudido por intereses egoístas de grupúsculos divergentes. Es clamorosa para todo “Juan Español” –ya sea de izquierdas o derechas– la necesidad de una patria estabilizada, que sustituya a la “estelada” o estrellada, que algunas minorías nos pretenden imponer, basándose en presuntas diferencias lingüísticas, que no pasan de haber sido muy superadas variantes dialectales totalmente periclitadas, como señala la Gramática Histórica a cualquiera que la conozca.

Una sociedad como la nuestra, que se titula democrática, tiene que autoexaminarse de esa condición a la luz de la Constitución vigente (CE 1978) y de las líneas básicas del Derecho Internacional. Los partidos políticos, dice nuestra CE en su artículo 6, “han de tener una estructura y un funcionamiento democráticos”. La estructura se refiere a la denominación, orden, distribución, forma e instrumentos. El funcionamiento se centra en la operatividad, protocolos, modos de hacer, planes y misiones. Todo ello debe de resultar integrado y coherente, para evitar la demagogia, la manipulación y las actitudes dictatoriales que prescinden de cualquier opinión moderadora y discrepante. No hay necesidad de inventar nada nuevo, basta con cumplir la CE. Procediendo así, se entiende mal, o, más bien, no se entiende, la existencia en España de partidos denominados “republicanos”, registrados oficialmente con una Constitución “monárquica”. ¿Puede explicar el Ministerio del Interior esta contradicción? ¿Pueden hacerlo también las presidencias de las cámaras legislativas?

Juan Español, nuestro sufrido compatriota medio, ha dejado bien probadas su sensatez, cordura y paciencia estoica ante la desafortunada gestión política –que no profesional sanitaria– de la pandemia que padecemos. ¿Cómo se puede llevar tan mal durante tanto tiempo? No es una apreciación personal, es una realidad constatada a nivel europeo e internacional: primera peor de los 28 de la UE y quinta peor mundial (entre 180), con más de 40.000 “sobrefallecimientos” en nuestro país, por los que no se contempla la menor responsabilidad, y sí se reparten aplausos. (¿?)

En otro plano, se sorprende igualmente Juan Español, que también cree en la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y opina, además, que la atenta audiencia y respeto a los Medios de Comunicación Social (MCS) son la mejor garantía de la democracia. Es claro, asimismo, que la Justicia debe estar libre de toda injerencia o influencia de otro poder, y que probablemente sería deseable una renovada ley electoral con doble vuelta y la exigencia de un mínimo porcentual de votos (10-12 por ciento de los emitidos válidos), para que los electos puedan ocupar su escaño en las cámaras, evitando así que las decisiones de los “minipartidos” puedan ser determinantes de las leyes por concierto posterior de sumación. ¿Qué diríamos si en una carrera deportiva los ocho últimos determinaran el resultado final, designando por acuerdo, presuntamente democrático, quién de ellos es el ganador? Pues así estamos.

Tenemos una correcta Constitución que bien votamos y merecemos, y que preceptivamente hay que respetar. Un Rey y Jefe del Estado con poderes constitucionales de “moderación y arbitrio” (artículo 56 de la CE) que se hace preciso definir, desarrollar y dotar, mediante legislación complementaria. Unas FF AA eficaces y ejemplares. Sería deseable que algunas carteras asumiesen que sus funciones deben ser indelegables en las CC AA, como es evidente y probado en Defensa, Educación, Justicia, Hacienda y Sanidad, que han de aceptar “responsabilidades integrales”, por decisiones que deben ser únicas y homogéneas para todos los ciudadanos, como proclama y exige la propia Constitución en su artículo 14.

Una especial atención del Ministerio de Exteriores a las leyes y orientaciones de la UE es imprescindible para el igual disfrute de ayudas y asistencias. ¿Qué más podríamos desear los españoles y el mismo Gobierno –sea cual sea– que más y mejor estabilidad? Esto se consigue con educación, respeto mutuo, razones correctas que se ganen la colaboración de los demás, favoreciendo el estímulo y la dedicación, y buscando el bienestar común. Pocos partidos: honestos, y bien avenidos. Poder pasar de un Gobierno a otro diferente sin trastornos graves, ni angustiosas discrepancias. Estabilidad, respeto a los demás en convivencia pacífica y funcional.

Como ya estaba atinadamente previsto por quien hoy lo padece, se comprende que no se pueda dormir bien en el palacio de la Moncloa, en el hipotético trance figurado de colgar inestablemente de un alero durante meses. Tampoco conviene a la oposición, o a la mayor parte de ella, soñar plácidamente en el Parlamento con que aquel asidero se desprenda mañana por un milagroso temporal que le sea favorable.

Otra forma de entender la política, más laboriosa, más y mejor integrada, y menos egoísta, se impone a los partidos en beneficio común de los españoles.