La Constitución ayer y hoy

Hablar de la Constitución de ayer es hablar de la Transición. Esa Transición, sin duda un proceso apasionante, cargado de dificultades y en su momento razonablemente superado debido al deseo mayoritario de sus protagonistas (que lo fuimos la mayoría de los españoles, por no decir todos, aunque naturalmente con diferentes grados de participación y responsabilidad) de cambiar la situación y dar paso a un sistema democrático (Portugal había conquistado un año antes la democracia y España era la única dictadura en Europa occidental).

La Constitución era (fue) un elemento que unía. Fueron determinantes en aquel proceso histórico el Rey y el último jefe del partido único, a quien aquel, utilizando sus poderes absolutos heredados del franquismo, nombró en julio de 1976 presidente del Gobierno. Y ambos se pusieron a la tarea, siguiendo las instrucciones del presidente de las Cortes Torcuato Fernández Miranda, ideólogo de la operación y autor del proyecto de ley para la Reforma Política, texto corto que asumía el lenguaje de la oposición al proclamar la democracia como organización política propia del Estado español y reclamar la soberanía popular: la “Monarquía tradicional” pasó a ser una “Monarquía parlamentaria”, con unas Cortes bicamerales “elegidas por sufragio universal, directo y secreto, de los españoles mayores de edad” y en las que “reside la potestad de elaborar y aprobar las leyes”. Adolfo Suárez y Fernández Miranda maniobraron hábilmente y el 18 de noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprobaban la nueva ley, cuya consecuencia inmediata fue su propia disolución. El 15 de diciembre, la ley para la Reforma Política fue aprobada por los españoles en un referéndum que contó con una participación del 77,4%, siendo un 94,2% los votos afirmativos y un 2,6% (el franquismo puro y duro) los negativos. Tras el referéndum, la oposición, que anteriormente había optado por la “ruptura democrática”, iniciaba ahora una etapa de gradual incorporación al Estado. Se negocia la amnistía y la legalización de partidos y se preparan los principales cambios que el Gobierno llevaría a cabo antes de las elecciones generales.

El referéndum cerraba un año que había sido tremendamente convulso: numerosas huelgas, multitudinarias manifestaciones (feministas, exigiendo amnistía, cientos de miles de ciudadanos movilizándose a favor de la autonomía en Cataluña y País Vasco), atentados de ETA contra las fuerzas de orden público que provocan reacciones de la ultraderecha exigiendo mano dura al Gobierno, sucesos de Montejurra...

Pero antes de las elecciones de junio de 1977 los españoles aún viviríamos los momentos quizá más difíciles de la Transición democrática. El 23 de enero un pistolero ultraderechista asesinó a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación proamnistía en la Gran Vía madrileña; el 24 el general Emilio Villaescusa es secuestrado por los GRAPO, ese mismo día son asesinados en la calle de Atocha cinco miembros de un despacho de abogados laboralistas vinculados a CC OO y al PCE, y muere la joven universitaria María Luz Nájera, tras recibir en la cara el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios para disolver la manifestación convocada en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz.

Parecía que la incipiente democracia estaba al borde del precipicio. Pero resistió. Se aprobó la ikurriña y se empezaron a dar los primeros pasos para la celebración de elecciones generales: aprobación de una serie de decretos que permitieron la libertad sindical y la legalización de los partidos políticos, entre ellos la del PCE en abril, pese a la radical oposición de los inmovilistas y de amplios sectores del Ejército.

Y en la difícil situación del país, el 15 de junio -más de 40 años después de las últimas celebradas en España- se celebran elecciones generales. Las nuevas Cortes asumen como tarea fundamental la elaboración de una Constitución, de tal manera que el 25 de julio de 1977 el Pleno del Congreso ya aprobaba la creación de una comisión encargada de elaborar un proyecto de texto constitucional y cuya composición fue harto elocuente: los llamados padres de la Constitución fueron siete: tres de UCD, uno del PSOE, uno del PCE, uno de Alianza Popular y uno de Minoría Catalana. Siguió un largo proceso constituyente de 17 meses caracterizado por la utilización de la fórmula del “consenso”. Aprobado por las Cortes, el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de 1978: de los 17.783.301 votos emitidos (sobre un censo electoral de 26.632.180), 15.706.078 fueron favorables. Tras la sanción real, la Constitución entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, fecha de su publicación en el BOE.

Personalmente me siento afortunada de haber sido testigo de un proceso excepcional de nuestra historia, al tiempo que me proporciona más elementos de juicio para poder valorar con más acierto la lamentable realidad actual de desacuerdos, de enfrentamientos, entre las fuerzas políticas protagonistas de nuestro panorama institucional.

No es este un buen momento para la Constitución, no lo es porque se pone en cuestión un principio fundamental de la misma como es la forma de Estado, pretensión alimentada por la propia Corona con la actitud totalmente irresponsable de Juan Carlos I y la falta de transparencia tras la ausencia del país del Rey emérito. Tenemos también la irrupción de elementos novedosos y trascendentales que quizás no se han tratado con acierto. Así ocurre, por ejemplo, con el Gobierno de coalición sustentado incluso por fuerzas independentistas. Cuán diferente la actitud de partidos enfrentados al Ejecutivo que incluso pueden llegar a faltar a la verdad en beneficio propio. Qué distintos a aquellos partidos que lo que buscaban era conseguir ese objetivo común de dar paso al nuevo sistema. Pensemos, por ejemplo, en Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, quienes incluso pasaron a ser símbolos de ese acuerdo de consenso que dio prioridad a la Transición.

Hoy, ¿nuestra realidad deriva directa y exclusivamente del proceso constitucional que he tratado de plasmar aquí? Hay quienes así lo aseveran, son los inmovilistas, los que se parapetan tras la autodenominación de constitucionalistas, defensores de esta ya añeja Constitución o Norma Máxima a la que le niegan incluso la posibilidad de una necesaria reforma, con lo cual se manifiestan claramente anticonstitucionales dado que la propia Constitución la contempla en el título X. Y qué decir de quienes se escudan detrás de la Constitución si al tiempo se declaran fervorosos admiradores de Franco y del régimen franquista.

Un elemento importante de nuestro hoy es la reforma de la Educación, la “ley Celáa”, que ha vuelto a traer al panorama actual la campaña de la derecha, especialmente del PP y de Ciudadanos, contra la protección especial de las lenguas minoritarias que ha sido constante durante décadas.

Siempre que sale este tema no puedo evitar recordar cuando en julio de 1993 asistí al congreso “La Historia, a debate”, de la Universidad de Santiago de Compostela con la colaboración de otras entidades y los principales representantes de las tendencias historiográficas. Desde su condición de presidente de la Xunta, que por entonces lo era, Fraga Iribarne dijo las palabras de apertura y bienvenida a los asistentes, y lo hizo en gallego. Mi sorpresa fue mayúscula, pero lo fue aún más que tal acontecimiento no levantara el mínimo comentario en los medios ni su discurso se recogiera, o más bien simplemente se ignorara, en ninguno de los tres tomos que resumen las actas en el congreso.

Hace unos días la prensa se hizo eco de una noticia importante que alimentó en mí expectativas positivas. Decía así: “Sánchez y Casado se abren a una ley para modernizar la Corona”. Y añadía: “El líder del PP ofrece apoyo al PSOE para una norma que refuerce la institución”. Valoré no tanto el protagonismo de la Corona en la noticia como lo que parecía ser un acercamiento entre el Ejecutivo y el líder de la oposición. Vana ilusión. En fechas posteriores, en el preceptivo balance del año que el líder de la derecha hizo de la labor del Ejecutivo le atribuyó calificativos como “año horribilis”, le acusó de ser “mentiroso, incompetente y arrogante”, y además de que solo salieran beneficiados sus socios de Gobierno; le acusó también de ser el causante de la lamentable situación que desembocaría en cinco grandes crisis superpuestas: sanitaria, social, económica, institucional y política. Y, además, añadió que quien gobierna ha eludido su responsabilidad. “Estamos ante el peor Gobierno de la historia democrática y eso lo empaña todo”, aseguró. Y se dolió de que no se defienda a la jefatura del Estado; al contrario, se “ataca abiertamente” desde el Gobierno central, “se arremete” contra Felipe VI y se trata de “revisar el periodo de la Transición” y la Constitución. “O se está con los que defendemos la Monarquía y la Constitución española o se está en contra”, cerró, sin nombrar a Juan Carlos I.