¿Quién salvará la educación?
Los medios de comunicación hablan a diario del precario estado del sistema sanitario en tiempos de pandemia, así como de los graves perjuicios que está causando en numerosos sectores de la economía. Sin embargo, se hacen mucho menos eco del difícil estado del sistema educativo y lo que está sufriendo ante la semipresencialidad. Parece que el aguante de las familias, al ver que la situación no ha mejorado esencialmente desde el comienzo del curso, está llegando a su fin. La Federación de AMPAS "Miguel Virgós" se ha dirigido en repetidas ocasiones a la Consejería de Educación exigiendo una enseñanza presencial, segura, de calidad e igualitaria.
La frustración por no haber conseguido ningún avance en posibles soluciones ha provocado que las AMPA en Asturias busquen otras vías para hacerse oír, como concentraciones ante los centros educativos, ante la propia Consejería o ante la Junta del Principado, entrevistas en prensa o creación de plataformas. La plataforma Asturias por una Educación Presencial, Segura y de Calidad ha lanzado, además, una iniciativa de change.org que critica que no se hayan superado las medidas improvisadas iniciales y resalta la falta de equidad resultante de la semipresencialidad. Una parte del alumnado de 3.° y 4.° de la ESO y 1.° de Bachillerato tiene el 100% de las clases, y otra parte, solo el 50%. Si el centro no cuenta con espacio suficiente para que haya 1,5 metros de distancia interpersonal, el alumnado recibe clase presencial un día sí y otro no. Esto supone la mitad de los días lectivos del curso, si no se busca más personal o más espacios. La presencialidad es el único modelo válido para garantizar la igualdad de oportunidades, argumento compartido por la CEAPA y la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la reunión del pasado 2 de febrero.
SUMARIO: El difícil estado en que se encuentra el sistema educativo debido a la pandemia
DESTACADO: La presencialidad es el único modelo válido para garantizar la igualdad de oportunidades, argumento compartido por la CEAPA y la ministra de Educación, Isabel Celaá
La cuestión clave es si la semipresencialidad garantiza el derecho constitucional a la educación del alumnado que solo recibe la mitad de las clases de manera presencial. El problema ha sido desde el principio que la Consejería de Educación ha dejado en manos de los equipos directivos de los centros el modo de proceder para esta medida. No es obligatorio que el profesorado imparta clases online para la parte del alumnado que no se encuentra en el aula y, sorprendentemente, tampoco lo es el envío de tareas para resolver en casa durante el tiempo de la clase. En consecuencia, el alumnado y las familias dependemos de la buena voluntad de los y las docentes. Mientras que una parte se esfuerza e imparte clases presenciales que se transmiten online para el alumnado que ese día está en casa, otra parte no lo hace. Pese a que se instalaron cámaras en los centros educativos, a veces falla la conexión en los propios centros, otras veces no le funciona al alumnado (y todavía hay quien no cuenta con los medios) y hay profesorado que se ampara en la no obligatoriedad de las clases online.
El resultado es dramático: muchos alumnos y alumnas en semipresencialidad reciben escasas clases los días que están en casa. Esto provoca mucho estrés en las familias, algo que se añade a la complicada situación económica causada por la epidemia, o incluso de salud, de muchas de ellas. A los problemas de conciliación se suma que los y las adolescentes se ven obligados a gestionar su propio aprendizaje, sin contar con las herramientas para ello. El alumnado está desatendido, aprende mucho menos, y tanto el rendimiento como las calificaciones disminuyen. Esta situación es extremadamente preocupante en 1.° de Bachillerato, donde tiene un impacto directo en las notas de la EBAU. Aquí el alumnado perjudicado por la semipresencialidad concurrirá a esta prueba en las mismas condiciones que el que haya disfrutado de una educación 100% presencial, con el consiguiente agravio comparativo.
¿Quién asume la responsabilidad de esta situación y, por lo tanto, proporcionará una opción de cambio? ¿El Ministerio de Educación y Formación Profesional? ¿La Consejería de Educación? ¿Los equipos directivos de los centros? ¿El propio profesorado? El hecho es que los grandes perjudicados somos, sin duda, el alumnado y sus familias. ¿Quién, en definitiva, salvará la educación?
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