Quien defrauda no puede exigir después
Después de este año último, espero que muchos empresarios y autónomos sepan lo que es que todos paguemos los impuestos que nos corresponden, sobre todo por sus compañeros que se las ven y desean para sobrevivir. Nos encontramos un panorama previsible si el virus duraba lo que perdura; a todos pidiendo que el Estado los ayude, como debe ser, para esos son nuestros impuestos, para apoyar: empresas, trabajadores y familias. Resulta que Alemania da una ayuda equivalente a un porcentaje importante de lo ingresado el año anterior a esos sectores que obliga a cerrar (es difícil la comparativa, por riqueza y por no existir ese alto porcentaje de fraude que tenemos en España, tienen otro compromiso y otras formas de obligar a cumplir, aquí no, la clase política es tan nefasta que solo están para ellos permanecer en el ruque) no tienen muchos problemas en aceptar ese acuerdo. Aquí nos encontrarnos con muchos sectores que, si fueran aplicar el mismo sistema, se verían en ruina, ya que no declaraban ni con cuenta lo que les correspondía.
Todos más o menos saben a qué nos referimos, la picaresca nacional, si no te obligan, si no te inspeccionan, si no te cogen seguirás declarando por unos ingresos muy inferiores a los reales. Luego están los que directamente campan a sus anchas evadiendo impuestos casi al 100% trabajando bajo manga, en negro. Infinidad de profesiones liberales –el ejemplo claro, los médicos en consultas privadas por toda España sin dar factura obligada–, infinidad de profesionales que incluso te pueden hasta ofrecer precio con IVA o sin ella, ¿por qué será? Mientras los gobiernos mirando para otro lado.
Recuerdo cuando el Gobierno de Felipe tuvo que ponerse serio y empezar una especie de caza de brujas donde se legalizaron, normalizaron, cerraron y multaron infinidad de naves, talleres, profesiones liberales que por miedo a aquellas multas y a las inspecciones salieron a la luz un tropel de competidores desleales para quien sí tenía su negocio legal y conforme a la ley. Por eso es importante perseguir el fraude fiscal, se relajó todo cuando los políticos con aquello de la liberación del suelo se corrompieron a manos llenas. Lo estamos viendo ahora con la “Gürtel”, “Púnica”, papeles de Bárcenas... Estaba tan instalado que ministros, alcaldes, presidentes y dirigentes del PP, CiU con los Pujol a la cabeza, y algún que otro del PSOE, en todas las autonomías pasaron por la cárcel o están imputados, más, en efecto, las gestionadas por el PP. Donde la corruptela llegó hasta la misma sede de Génova. ¿Cómo iban a inspeccionar a los demás defraudadores? Ese fue el camino para llegar a la situación actual.
No hay Estado del bienestar que se precie sin pagar impuestos todos. Es cierto, aquí los impuestos indirectos son elevados para compensar el fraude los directos, pero los indirectos los pagamos todos por igual al consumir o utilizar algo. Son cruelmente insolidarios, es decir, todos pagamos el mismo porcentaje de impuesto, independientemente del cuál sea nuestro nivel de renta o poder adquisitivo. Desde un punto de vista económico, los impuestos indirectos, en cuanto a recaudar se refiere, son más fáciles de poner en marcha, y, en segundo lugar, los contribuyentes se resisten menos a pagarlos porque lo pagan directamente con el consumo diario.
El IVA es el más conocido, pero existen otros que gravan el alcohol, tabaco, carburantes, etc. Y, sobre todo, encarecen la electricidad, un bien esencial. Por eso, es más justo que todos paguemos impuestos directos a razón de lo que ganamos. Si muchos evaden estos impuestos directos, la vida se encarecerá con los indirectos, que es lo que ocurre actualmente. Una injusta forma de permitir los gobiernos que sean siempre los mismos los que carguen con el peso de llenar las arcas del erario público: la clase media y media baja. Lo único que conseguirán con eso es empobrecernos a la mayoría a costa de enriquecerse más y más los de siempre.
Por eso hay que perseguir el fraude fiscal.
Según datos no del todo confirmados, como no podría ser de otro modo, al ser economía sumergida, se estima el fraude fiscal en España en más de 200.000 millones de euros. ¿Cuántas cosas se podrían solucionar con ese dinero, ¿verdad?
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