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Amazon y los derechos laborales

21 de Febrero del 2021 - Ignacio Bernardo Jiménez (Oviedo)

La información relativa a la próxima instalación en Asturias de un gran centro logístico del gigante del comercio electrónico Amazon ha suscitado gran alborozo por las enormes consecuencias que se supone ha de proyectar sobre la economía y el empleo en nuestra comunidad autónoma. Bien está que así sea, pero conviene completar la panorámica con la visión sobre una parcela que viene suscitando desde hace tiempo bastante inquietud en diversos ámbitos, donde se viene sosteniendo que Amazon no está cumpliendo plenamente las normas laborales internacionales, en particular su obligación de respetar el derecho del personal a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, su derecho a la privacidad y otros derechos relacionados con el uso de tecnología por parte de la empresa.

Sin ir más lejos, en noviembre de 2020 Amnistía Internacional publicó el informe “¡Amazon, dejen sindicarse a sus trabajadores y trabajadoras! El respeto de los derechos humanos no es opcional”. Es el resultado de la información recopilada por la organización en cuatro países donde la empresa tiene importantes operaciones: Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido. Se centra en los derechos del personal de Amazon que trabaja en los “centros logísticos” –como el que se va a instalar en Asturias–, aunque también existen importantes motivos de preocupación relacionados con los “asociados del servicio de reparto independiente” de Amazon y conductores autónomos que reparten mercancías a través de Amazon Flex. Como en el propio informe se señala, Amnistía Internacional ha escrito a Amazon en dos ocasiones desde abril de 2020, y también inmediatamente antes de publicar el documento, para solicitar información a la empresa y ofrecerle la oportunidad de responder a sus conclusiones. Amazon contestó el 24 de abril, el 12 de octubre y el 12 de noviembre y Amnistía Internacional expresa que analizó con detalle sus respuestas y tomó debidamente en cuenta la información facilitada para actualizar sus conclusiones.

Si bien las condiciones laborales de Amazon vienen determinadas por la legislación laboral de cada país, se constata que existen ciertos elementos comunes al modelo de negocio de Amazon y su enfoque de los derechos laborales que tienen importantes repercusiones. De entrada, existen motivos de preocupación relacionados con la salud y la seguridad laboral, que tienen mucho que ver con la presión que Amazon ejerce en su personal para que cumpla unos objetivos de productividad muy exigentes. La controvertida práctica de imponer ambiciosos objetivos de productividad al personal está muy bien documentada. Si no se cumplen los objetivos, la respuesta suele ser adoptar medidas disciplinarias contra el trabajador o trabajadora, o incluso su despido. Según los informes disponibles, el alto nivel de control genera una cultura de miedo. Muchos trabajadores no se toman los descansos que les corresponden por miedo a que eso repercuta en su productividad y les haga perder horas de trabajo o incluso el puesto.

Por otra parte, el patrón de conducta de Amazon retrata una cultura empresarial de hostilidad hacia los derechos de afiliarse a un sindicato y organizarse colectivamente. Lo pone de manifiesto el hecho de que los informes anuales de Amazon a sus accionistas en 2018 y 2019 mencionen incluso “la existencia de comités de empresa y sindicatos” como riesgos para la empresa. La práctica general de la empresa de disuadir al personal de sindicarse quedó al descubierto en 2018, en un vídeo de formación para gerentes de Whole Foods (propiedad de Amazon) que posteriormente se filtró. En el vídeo, Amazon anima a los futuros gerentes a detectar “señales de alarma” de actividad sindical, afirma que los sindicatos son incompatibles con el modelo de negocio de Amazon y da consejos para disuadir al personal de afiliarse a sindicatos, al tiempo que garantiza que la empresa respeta la legislación local y nacional.

Además, Amnistía Internacional considera preocupante que Amazon esté usando tecnologías indebidamente para vigilar y recopilar datos de su personal con el objetivo, entre otros, de socavar su derecho a organizarse. La supervisión y el control ejercidos por una empresa sobre las actividades de su personal, como usar cámaras de videovigilancia en los lugares de trabajo o vigilar el uso de dispositivos de la empresa, pueden ser prácticas empresariales legítimas. Pero estas prácticas pueden interferir en el disfrute del derecho a la privacidad de trabajadores y trabajadoras, y de su derecho a la libertad de asociación y expresión. En septiembre de 2020 salieron a la luz documentos internos de Amazon que habían sido filtrados y demostraban que la empresa había estado vigilando y analizando en secreto grupos privados de Facebook, entre otras cosas para detectar planes de huelga o protesta. En ningún momento Amazon ha negado que los documentos, también publicados por Vice News, fueran auténticos.

El Derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen con claridad que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, así como a tener unas condiciones laborales saludables y seguras. Amazon debe dejar de tratar los derechos humanos de su personal como si fueran opcionales en lugar de obligatorios y empezar a relacionarse constructivamente con los sindicatos para abordar asuntos como la salud y seguridad de su personal. Por ello, el informe de Amnistía Internacional concluye instando a Amazon a garantizar, entre otras cuestiones, que se respetan los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, así como a preservar la privacidad del personal y su derecho a expresarse libremente y a criticar las políticas internas. Y a la Administración pública la requiere a fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de la legalidad y garantizar que los objetivos de productividad basados en algoritmos no interfieren en el disfrute del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

Ojalá que el desembarco de Amazon en Asturias, además de aportar empleo y recursos a la comunidad, permita constatar su evolución hacia un marco de relaciones laborales plenamente respetuoso con la legalidad y los derechos humanos.

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