Esas motos ruidosas y esos ruidos políticos. Siero.
EXPEDIENTE municipal : 24113206H.
Hay otro "paso" anunciado en los medios, de parte de quienes promocionan el uso de un espacio del municipio para competiciones de motos que en sí mismas, explícita e implícitamente, "precisan" del ruido para generar entusiasmos.
En tanto que las personas afectadas, las que entregaron 750 firmas de rechazo, y que ante el desamparo del gobierno local, hubieron de optar por la búsqueda de amparo judicial, aún no han dicho nada ante la última sentencia (tan rápidamente aireada e interpretada): están, dicen, a la espera de que el Ayuntamiento (¿sujeto imparcial o "de parte" del promotor de los ruidos?) les informe objetivamente como vecinas y vecinos, y del análisis de los abogados contratados al efecto.
En tanto eso se produce, en tanto el bufete valora la sentencia, la interpreta, y elabora las partes fallidas de interpretación para correspondiente respuesta alegativa, la repetición de la noticia sin respuesta contraria aparenta también un grado de indefensión para las afectadas.
Por ello se hace preciso afirmar que la sentencia reitera partes sustanciales de lo que ya obra en los informes, particularmente en las medidas correctoras (y caras) que el promotor debiera iniciar si quiere que el circuito de motos ruidosas tenga recorrido legal.
Que sí hay afectación y mucha al vecindario. Que los ruidos son tremendos, que estos han sido sentidos ya, y que nadie se está "adelantando" a acontecimientos, puesto que la respuesta vecinal se ha dado y se ha producido en tal cantidad, precisamente porque las primeras exhibiciones y la permisividad ilegal del Ayuntamiento en varios de esos acontecimientos moteros mostraron a las claras la intensidad de los ruidos producidos, y la salud mental en peligro en ciertas áreas del municipio.
El circuito de motos competitivas en Llorianes acumula ya una larga lista de incumplimientos, derivados de sus inicios improvisados y voluntaristas, que han sido impulsados desde el Ayuntamiento con su falta de rigor y ausencia de información adecuada al vecindario.
Si ha habido un apoyo potente, superando incluso los métodos intimidatorios usados y el uso indebido de imágenes municipales para un fin privado para contrarrestar el legítimo derecho a que nuestro concejo haga respetar las leyes ambientales y la salud ciudadana, es precisamente por haber tenido que soportar altos decibelios, no "preventivamente", sino que los promotores y el Ayuntamiento han sido los culpables de "alertar" a la población con la anterior "barra-libre" para esos ruidos que entorpecen la convivencia y la salud.
Llama también la atención, en negativo, la interpretación que hace la sentencia de la única medición de ruidos que se hizo, de forma bastante anómala y con las motos avisadas para que fueran muy suave, con todas las ventanas y persianas cerradas, que había hecho saltar por los aires los límites admitidos, como consta en los informes: sin embargo ahora se minimiza dicha medición, indicándose que en otros lugares, según el agente que hizo la medición, el ruido era distinto. Por supuesto, no es todo el Concejo de Siero el afectado. No hace falta ser técnico en la materia. Y si las motos ruidosas discurren por una hondonada, la repercusión acústica tendrá otros derroteros. Cualquier infante entiende eso.
Si acaso eso fuera una duda razonable en el recurso, ¿no correspondería hacer antes que nada una medición en serio, en condiciones, con las motos a sus aceleraciones habituales? Seguramente que ello posibilitaría que no pasara ningún rigor de prueba, y esa es una de las muchas anomalías que pudieran ser objeto de vuelta atrás del proyecto que el Ayuntamiento ha dado paso, pero que, según consta en normativas, debería tener muchos arreglos, muy caros, para tratar de minimizar las consecuencias ambientales y ruidosas.
Los promotores privados dicen que no quieren molestar, pero molestan. De llevar a cabo su propósito en las circunstancias actuales muchas familias tendrían grave afectación a su salud, tendrían que cambiar de residencia, incluso se revalorizarían muchas viviendas a la baja.
Por su parte, si los concejales no saben o no quieren defender el medio ambiente sano y prefieren claudicar a intereses particulares sobre el común, correspondería aplicar amparo jurídico y señalar a quienes incumplen las normas colectivas de protección y de relaciones cordiales en el vecindario, de quienes se dejan agasajar con publicidades a costa de la convivencia vecinal y el medio ambiente protegido.
Los promotores privados y el Ayuntamiento no reconocen que se producirán vertidos accidentales de lubricantes o hidrocarburos. Para evitar filtraciones de sustancias oleaginosas en la zona por averías de los vehículos, o escapes en las recargas, es preciso acondicionar una zona e impermeabilizarla para poder recoger dichos vertidos y llevarlos a un gestor autorizado, ya que no tienen previsto instalación de depuración.
La competición de motos ruidosas tendría una clara afección sobre la calidad del aire del entorno, y más teniendo en cuenta que no se contempla medida alguna preventiva, y ya existen varias denuncias por incumplimiento de la ordenanza sobre calidad acústica desde que se está usando como circuito sin los permisos preceptivos.
La salud de los colindantes debiera ser preservada con los establecidos estudios de modelización acústica, para acreditar que los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de funcionamiento continuo de la actividad se limitarán de manera tal que los niveles de inmisión en el límite de la zona se ajusten a las previsiones del decreto 99/85 de la legalidad asturiana.
Resultaría obligatorio para el Ayuntamiento un programa de vigilancia ambiental que contenga y garantice el cumplimiento de las medidas protectoras, compensatorias y/o correctoras, contenidas en el documento ambiental estratégico, cosa que no parece a vista de las propuestas realizadas y el presupuesto que se maneja a la baja, como si pudiera ser objeto de rebajas por parte de la empresa o del Ayuntamiento de Siero.
En dicho programa han de especificarse los plazos estipulados para su realización, la frecuencia de controles, el espacio físico a controlar, los métodos a utilizar, el equipo humano implicado y los equipos de medida a emplear. Ciertamente, con el presupuesto anunciado resulta imposible realizar seguimiento ni control alguno, y si las autoridades municipales no se lo comunican a los promotores es probable que estén participando de una nueva "falta de legalidad".
La solución razonable y única es que se busque la ubicación favorable para un circuito de estas características, con sus inversiones privadas adecuadas. Cumpliendo y no vulnerando la legalidad vigente.
Reclamamos que de una vez por todas sea paralizado este circuito molesto, contaminante e ilegal, y se busque otra ubicación alternativa con las debidas medidas de protección ambiental.
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