El CGPJ y los miembros de la judicatura: la solución, en sus manos
La ley dispone que los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial han de ser propuestos por las Cortes (Congreso y Senado): ocho entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio de su profesión y doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo, en ambos casos por mayoría de tres quintas partes de los miembros de las Cortes.
Los políticos andan a la greña por la renovación del Consejo porque todos parecen querer incluir en la lista no a los mejores o más capacitados para el cargo, no, sino a los más afines. Y cuando todo esté resuelto, cuando los partidos políticos consigan colocar en el Consejo General del Poder Judicial a quienes más les convengan, todos volverán a defender con vehemencia la independencia entre el poder político y el poder judicial.
Y mientras, ¿qué dicen los jueces y magistrados? ¿No sienten nada al ver cómo son utilizados como moneda de cambio por los políticos? Y los candidatos al Consejo, ¿no sienten rubor al ver cómo sus nombres, que un día aparecen como seguros, desaparecen al siguiente como la bola en el cubilete del trilero?
Pues si sienten algo, si aspiran, como dice la mayoría, a que esos doce miembros del Consejo de procedencia judicial sean elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo, como se hizo entre 1980 y 1985, si quieren que eso sea así, tienen en sus manos la solución: no aceptar la propuesta de los partidos, negarse a formar parte del Consejo. Si todos los jueces y magistrados de España hiciesen eso abortarían todas las maniobras de los partidos políticos y, lo que es más importante, los ciudadanos estaríamos más tranquilos al comprobar que también los miembros de la magistratura creen en la independencia entre el poder político y el poder judicial, la defienden con sus actos y no están dispuestos a permitir que entierren a Montesquieu.
Javier Calzadilla Pérez
Oviedo
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