Carta abierta a los magistrados de Tribunal Constitucional
A los excelentísimos magistrados del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tassara, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfredo Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón.
Mi nombre para ustedes es -y debe ser- el de un cualquiera, en este caso Jaime Llorca Botas, estudiante de Derecho por la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED).
Un cualquiera que, con sumo atrevimiento, se dirige a la más alta instancia jurisdiccional del Estado -ustedes- para tirarle de las orejas.
Muy injustas han de ser las razones, o muy burro el cualquiera, para que, a riesgo de no obtener respuesta, y hacer el ridículo, se atreva a interpelarles.
En fin, como imagino les pasará ustedes, algunos días, muy de vez en cuando, uno se levanta creyendo en la justicia.
La cuestión que trae causa de carta no es otra que, paradójicamente, un exhorto a que resuelvan el recurso de inconstitucionalidad planteado en su día por 71 diputados del Grupo Popular sobre la Ley Orgánica 2/2010 "de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". Es el recurso de inconstitucionalidad que más tiempo lleva sin ver sentencia.
En el año 1985 les fue plantada a sus predecesores una cuestión similar, referente a la interrupción del embarazo -como ya sabrán- y resolvieron en el mismo año que se emitió la ley; pues, en mi opinión, comprendieron la urgencia de la sociedad española por conocer la legalidad de la misma.
No olviden -y estoy seguro que no lo hacen- que el aborto es una de las cuestiones en el ámbito social y jurídico más controvertidas, y, como reconozco, cualquier posicionamiento por su parte es de gran trascendencia ya no solo en la vida profesional, sino incluso en la personal.
No es mi intención discutir con ustedes los motivos por los que deban emitir un fallo en un sentido o en otro, pues mentes más sabias y brillantes que la mía lo han hecho, aunque, imagino, podrán intuir mi posición personal.
La obligación legal, y moral, de un juez, por muy compleja que sea la cuestión planteada, es resolver.
En nuestro Derecho no se admite el Non Liquet "no está claro" como excusa para evitar dictar sentencia, pues los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Como ya sabrán.
Como decía Seneca, "justicia que tarda no es justicia". Y más en este caso, en el que millones de españoles aguardan su sentencia con impaciencia, ya sea para alegrarse o para rabiar de ira. Conocen la gran cantidad de creencias, sentimientos y concepciones de la vida que se debaten en su fuero, entre ellas, las de este cualquiera.
Por lo que, por ser Derecho que, pido respetuosamente en Oviedo, a 25 de marzo de 2021, les exhorto a dictar sentencia.
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