IU, con los ricos
Ya decían nuestros padres que una cosa era predicar y otra distinta dar trigo. Esto parece ser justamente lo que le pasa a Izquierda Unida de Asturias, que, por una parte, mantiene un discurso social de defensa de los más débiles, pero que a la hora de la verdad se echa en manos de los poderosos. Al menos, en nuestra experiencia así ha sido.
A principios de 2009 compramos un piso en régimen de vivienda libre en la promoción de Siero Este, los Balcones de Peña Careses, depositando para ello nuestro dinero e ilusión. La obra corría a cargo de la promotora Monteobal.
Los problemas no tardaron en llegar, ya que en agosto de 2009 recibimos una notificación de Monteobal en la que se nos indicaba que pretendía dar un nuevo giro a la obra, por lo que había solicitado al Principado un cambio de calificación para destinar el edificio a viviendas VPA en régimen de alquiler, todo esto sin antes resolver los contratos que tenían en vigor con nosotros.
La Dirección General de Vivienda, en manos de la Consejería que dirige la representante de Izquierda Unida Noemí Martín, no sólo accedió a ese cambio de calificación sin comprobar si los datos que aportaba Monteobal eran ciertos, sino que una vez que pusimos en su conocimiento, con pruebas irrefutables, tanto la ocultación de datos por parte del promotor como la falsedad manifiesta de algunos otros, en vez de actuar defendiendo los legítimos derechos de quienes, a nuestro juicio, habíamos sido engañados y probablemente estafados, se convierte en actor principal y colaborador necesario del engaño y de la supuesta estafa, manteniendo el cambio de calificación y manifestando que se trata de un conflicto entre particulares.
Nos preguntamos si la Administración está para defender los derechos de ciudadanos y consumidores o para perjudicarlos aun más. En este caso concreto, la Consejería en manos de Izquierda Unida está claro que toma partido por lo segundo, favoreciendo los intereses de un promotor que como tantos otros engordaron su cuenta durante los años de bonanza, pero que a las primeras de cambio se dedican a pedir subvenciones, que pagamos todos, para seguir ganando. Monteobal recibirá con este cambio de calificación una indemnización millonaria que nosotros mismos contribuiremos a pagar con nuestros impuestos. Es decir, financiaremos nuestra propia estafa.
Para definir la arrogancia de Monteobal, baste decir que en todo este tiempo se ha limitado a mantener una reunión con nosotros en diciembre, en la que se nos dice que no tienen intención de cumplir con su parte del contrato, quedándose con nuestro dinero; eso sí, el promotor no tiene pudor en presentarse a la reunión en un Mercedes de «más de 100.000 euros y luciendo un reloj de oro en la muñeca».
Y éstos son a los que protege Izquierda Unida, dejando en la cuneta y pisoteados los derechos de quienes nos limitamos a comprar una vivienda pagando religiosamente.
Preferimos pensar que la amistad personal de uno de los socios de Monteobal con algún alto cargo de la Dirección General de Vivienda no tenga nada que ver en todo esto, aunque, a la vista de los resultados, uno ya no sabe qué pensar.
Por supuesto, todo esto está en manos de nuestro representante legal, y como mantenemos nuestra fe en la justicia, nos preguntamos qué pasará si, como es previsible, se nos da la razón en los Juzgados: ¿se producirá alguna dimisión política?, ¿nos resarcirán esos culpables políticos respondiendo con su propio patrimonio o lo harán pagando con pólvora del rey?.
Creemos que en ambos casos la respuesta está meridianamente clara. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
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