Con el laicismo hemos topado, amigo Alberto

“Es necesario poseer una ignorancia obscena o hacer demostración de una impresentable ‘mala fe’ para intentar mezclar los movimientos laicistas con anticristianismo”. Así arranca la partitura en “Contestación a Alberto Torga” en LNE del pasado 31. Los compositores suelen reservar el “fortissimo” para la batida final de la orquesta en busca del aplauso. Aquí el autor pisa a fondo el registro desde el principio. Tampoco se andaba por las ramas Alberto Torga que, de entrada, califica de “anticristianas” a Europa Laica y Asturias Laica, que acusan a la Iglesia de inmatricular ilegalmente propiedades.

Alberto Torga, que uno sepa, habla seis o siete idiomas (entre ellos, el holandés y el alemán). Terminó la carrera con el Premio Extraordinario de Santamarina, que distingue al alumno más brillante de los cursos de Teología. Y ahí están sus frecuentes tribunas en este diario, lecciones magistrales de decantada erudición. Quién es el listo que moteja de ignorante a una persona con ese perfil. Además, cómo se puede “poseer una ignorancia”, siendo la ignorancia una carencia. ¿Será que ese listo posee una expendeduría de círculos cuadrados?

Vamos a lo medular: las propiedades de la Iglesia no lo son del clero; la iglesia parroquial, la casa rectoral y algún manso si queda son propiedad de la parroquia, no del párroco, que llega y se va o se muere sin poder enajenar o testar esos bienes. Cabría esperar de asociaciones en principio progresistas cierta simpatía por esta forma tan antigua de propiedad comunitaria. Los registros de la propiedad son instrumentos públicos y nadie les negará a los militantes del laicismo el derecho a hacer en ellos sus averiguaciones. Pero si son neutrales como se declaran (y no “anticristianos” como los identifica Alberto) no deberían dispensarse de una mirada retrospectiva a la historia de los pleitos entre la Iglesia y el Estado.

Comienza el siglo XIX con la invasión de Napoleón cuyas tropas “ilustradas” devastaron y pillaron a mansalva; los generales del emperador hacían listas con las obras de arte que les interesaban y las presentaban a los cabildos catedralicios para que las “implementaran”. Veinte años más tarde, un Gobierno liberal disolvió las órdenes religiosas y transfirió, a un precio irrisorio, sus propiedades rústicas a terratenientes y financieros sin escrúpulos (que debían de ser laicistas “avant la lettre”, pues les importaba un bledo que el Papa los excomulgara por quedarse con los bienes de la Iglesia). El impacto de la Desamortización (“inmenso latrocinio”, a juicio de Menéndez y Pelayo), al vaciar los monasterios de sus comunidades, produjo en el patrimonio nacional un descalabro sin precedentes.

Edificios de un valor artístico y simbólico incalculable recibieron un destino degradante: en Yuste se instaló una fábrica de tejas y ladrillos; en el plateresco de San Marcos de León fueron estabulados los sementales de la caballería del Ejército. En la obertura de “La Regenta”, Fermín de Pas escruta con su catalejo, desde la torre de la catedral, las cicatrices dejadas en la anatomía de Vetusta por la secularización de los conventos: “Del convento ampuloso y plateresco de las Clarisas había hecho el Estado un edificio para todo tipo de oficinas, y en cuanto a San Benito, era lóbrega prisión de mal seguros delincuentes”. La mayoría de los monasterios, con sus bibliotecas y archivos, sin interés para los especuladores, quedaron abandonados a la ruina y al pillaje. En cualquier municipio, de Llanes a Villa Nueva de Oscos pasando por Cornellana, se puede tropezar con alguna de estas ruinas monumentales a las que el Estado usurpador no supo dar destino.

Cien años después, para laica, la Segunda República: arrancó en abril y en mayo ya ardían iglesias y conventos. Del 36 al 39, en la zona republicana, veintidós mil iglesias destruidas y trece obispos y más de seis mil curas asesinados. Le podrán parecer pocos al reverendo Hilari Raguer (“La pólvora y el incienso”); para Payne, en cambio, el del clero es el único genocidio expresamente buscado durante la Guerra Civil. Con el Frente Popular cristalizó el designio, largamente incubado, de acabar con la Iglesia (templos, clero y creencias). Irujo, ministro católico, nunca consiguió sacar adelante la más tímida propuesta de tolerancia religiosa. Hay un hilo de continuidad entre el anticlericalismo displicente de las élites republicanas y la furia anticlerical, iconoclasta y homicida, de los milicianos armados por el Gobierno de Giral.

Esa siniestra continuidad penetra en el siglo XXI con la izquierda actual que, lejos de sentir vergüenza por ese genocidio y esa destrucción masiva de patrimonio, exhibe una buena conciencia sin fisuras y exige incluso que sea la víctima (la Iglesia) la que pida perdón (actitud que se podría analizar, por analogía, como un caso paroxístico de violencia de género). Quién pide perdón a los feligreses de Nava cuya iglesia parroquial, una joya del románico, fue quemada y demolida, y sus piedras picadas por un pelotón de personal requisado (entre ellos, el padre de Alberto) y esparcidas como grava en la carretera y los caminos. Quién pide perdón a los candasinos, que les quemaron el Cristo que veneraron durante siglos; el artista local, Antón, preso en la iglesia, pudo salvar el camerino; no consiguió salvar la imagen ni su propia vida: lo mataron, con 26 años, en un campo de trabajo.

¿Que “los movimientos laicistas” no obedecen a impulsos “anticristianos”? Pues es una pena que lo disimulen tanto. Uno, que ni tiene claro si es creyente, defiende sin embargo el cristianismo como un dique frente a la burricie y la barbarie. Una parte sustancial del patrimonio de Europa (del físico y del intangible) lo produjo y lo mantuvo la Iglesia a lo largo de dos milenios. Los laicistas pueden visitar los templos; pueden ir a misa si se les antoja (nadie les pedirá el carné). Si además quieren catedrales, las tendrán que construir. Las que hay ya tienen dueño: son de la Iglesia porque las levantaron los cristianos.