Los derechos humanos en tiempos de pandemia

Amnistía Internacional presentaba en este mes de abril su informe 2020/21, en el que se muestra cómo los derechos humanos, ya de por si maltrechos, han sufrido un grave deterioro en todo el mundo a causa del covid-19. La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la represión de la disidencia y prepararon el terreno para la ruina causada por la covid-19.

El informe abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020.

La pandemia ha amplificado decenios de desigualdad y desgaste de los servicios públicos. El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas. En al menos la mitad de los países en los que Amnistía Internacional realizó un seguimiento, las medidas gubernamentales con la intención declarada de abordar la covid-19 tuvieron consecuencias discriminatorias para estos grupos marginados.

Para empeorar las cosas, la respuesta a la pandemia se ha visto aún más menoscabada por dirigentes que han sacado despiadadamente provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos.

Por otra parte, los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en las respuestas a la covid-19, agravados por los ataques a las instituciones internacionales que deben garantizar el respeto de los derechos humanos.

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios de protección.

En España, la emergencia sanitaria y décadas de falta de inversión han desbordado al deficiente sistema de atención primaria, con graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.

El abandono del sistema de atención primaria también se extiende a sus profesionales de la salud, que han llevado a cabo su labor arriesgando su seguridad y bienestar, y sufriendo, sobre todo al inicio de la pandemia, una falta de medios de protección que colocó a España, en abril, como el país europeo con más cifras de contagio en el sector en Europa y que hasta el momento ha dejado al menos 89 profesionales fallecidos y más de 100.000 personas contagiadas.

Un sistema ya infradotado de personal que ha visto cómo la sobrecarga asistencial de los profesionales sanitarios ha llegado a alcanzar en muchos centros cifras de hasta cien pacientes al día por personal facultativo. Resulta cruel que las personas que más dieron fueron las que menos protección recibieron.

Otro colectivo especialmente perjudicado han sido las personas mayores en residencias, especialmente en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, que han sido víctimas de cinco violaciones graves de derechos humanos, que han afectado al disfrute de su derecho a la vida, a la salud, a no ser discriminados/as, a su vida familiar y privada y a morir dignamente. En noviembre, unas 20.000 personas de edad avanzada habían muerto de covid-19 en residencias de mayores; representaban alrededor del 50 por ciento de todas las muertes por la enfermedad registradas hasta ese momento.

En lo que respecta a la violencia de género, durante el confinamiento, el número de mujeres que llamaron a las líneas telefónicas de ayuda gestionadas por el Ministerio de Igualdad aumentó un 60 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y el número de consultas online de mujeres que buscaban seguridad aumentó un 586%. Un total de 45 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas.

Asimismo, Amnistía Internacional denuncia que las personas migrantes han sido desatendidas en su derecho a la protección internacional en las islas Canarias, donde se cursaron órdenes de expulsión sin respetar las garantías y procedimientos que recoge la ley; durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, miles de personas permanecieron hacinadas y en condiciones inhumanas durante semanas.

Por su parte, las actuaciones llevadas a cabo durante el estado de alarma, más de un millón de multas sancionando arbitrariamente a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia y denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por agentes han puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad urgente de reformar la ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley Mordaza”, eliminando los artículos que limitan el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, manifestación, expresión e información.

En definitiva, la pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema, y cuestiona cómo será el futuro del mundo si surgen futuras crisis. Y en este año el liderazgo no surgió del poder ni del lucro, sino de las personas que salieron a la calle con la visión de un futuro radicalmente diferente y más igualitario, justo y sostenible que el pasado. Los y las dirigentes deben escucharlas y trabajar conjuntamente.

Las políticas regresivas adoptadas han impulsado a mucha gente a sumarse a movimientos de lucha consolidados, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos, las protestas de End SARS que pedían el fin de la brutalidad policial en Nigeria, el activismo en favor de la democracia en Hong Kong, y a nuevas y creativas formas de protestas tales como las huelgas virtuales por el clima, y se lograron muchas victorias difíciles.

Y esas son las personas que están en primera línea de la lucha por un mundo mejor, más seguro y más igualitario, y las voces que nuestros y nuestras dirigentes deben escuchar.

Los estados deben garantizar la rápida disponibilidad de vacunas de la covid-19 para todas las personas, en todas partes, y que sean gratuitas en el lugar donde se administren. En colaboración con las empresas, deben compartir sus conocimientos y tecnología para que nadie se quede atrás. Los estados también deben apoyar la creación de un fondo global de protección social asentado en las normas de derechos humanos a fin de reducir la pobreza y la exclusión, garantizar el acceso a atención sanitaria y proteger a la población.

Pero también debemos hacer algo más que superar la pandemia. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con audacia y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.