Aprobación general de medicamentos

Desde hace años, y muy especialmente en el control y aprobación de vacunas, se ha encomendado a organismos de gran prestigio, como el de sede americana Foods& Droogs (F&D) y a la Asociación Europea de Medicamentos (EMA), la aprobación internacional de productos sanitarios de aplicación más delicada y general, ofertados por las industrias farmacéuticas, y ello ha sido garantía histórica del prestigio y confianza del que han gozado las técnicas vacunales, al ser avaladas y verificadas las presuntas cualidades positivas ofrecidas por los laboratorios que las han producido.

Las investigaciones de F&D y EMA sobre estos controles se basan fundamentalmente en tres aspectos: (1) Posibles efectos secundarios graves. (2) Ausencia de otras alternativas preventivas y terapéuticas mejores. (3) Condiciones de conservación de la actividad medicamentosa de esos productos.

(1) Los efectos secundarios no se refieren a banalidades, como pequeñas molestias, ligeros mareos o febrícula eventual; sino a “secuelas graves a medio y largo plazo”, como ha sido por ejemplo el caso de la ingesta de talidoamida por embarazadas, que producía serias malformaciones en los hijos de las parturientas, como ocurrió entre los años (1957-63). Dicho vulgarmente: No se puede aceptar la castiza y disparatada información de: “Lo que no mata engorda”.

(2) Es cierto y razonable que la alarma y las emergencias de una epidemia exigen una actuación “rápida”; pero entre las posibles dudas de aprobación debe constatarse “que no existan otras alternativas más seguras y eficaces”. No es este el caso del coronavirus que nos ocupa: AstraZeneca presenta más problemas que Pfizer, Moderna y posiblemente Sputnik, como reconocen los reparos registrados en diversos países, que la rechazan radical o condicionalmente.

No puede obviarse la presión política y económica que cada fabricante y país de origen pueden ejercer en la aprobación de “su vacuna”, pero es claro que este criterio no debe influir, y menos prevalecer sobre los organismos de control internacional, pues conllevaría la desconfianza de pacientes y sanitarios, que no se puede liquidar frívolamente con la calificación de “negacionistas”, para los que la formulan, cuando simplemente se resisten a la negación de las normas de garantía exigidas y exigibles a los medicamentos, prescindiendo o reduciendo las complejas y múltiples pruebas clínicas tradicionales, sin las que se lleva a los pacientes a la condición de sujetos de ensayo directo, y se gana tiempo y dinero. A fecha 8-IV-21 se rechazan en varios países avanzados algunas de esas vacunas precipitadamente adquiridas, sin adecuados consejos técnicos, o se discuten las edades de aplicación adecuadas a la misma, cuando está claro que existen otras sin estos problemas. También es cierto que son pocos los casos adversos y que “al que le toca, le toca”; pero no una lotería, sino una tragedia. De no admitir estos razonamientos, vamos a la supervisión de los órganos de control internacional, que hasta ahora han salvado millones de vidas.

Hemos asistido incluso, en algunos MCS más fácilmente manipulables, a cambios de opinión de algunos investigadores, activos o jubilados, relajando sus criterios primigenios. Aclarémonos de una vez. ¿En qué sentido se debe orientar a la población paciente y a la paciente población?; pues es claro que en esto, como con las mascarillas y los confinamientos, se navega al pairo; es decir, la desorientación ha sido caótica.

¿Hay que vacunarse? Rotundamente: SÍ (con mayúscula).

¿Cualquier vacuna ha de ser aprobada y utilizada?: NO, porque no todas son igualmente eficaces y seguras, ya que no tienen los mismos efectos secundarios.

La sanidad pública ha sido tradicionalmente de competencia gubernamental.

Fue transferida a las CC AA y ante la pandemia se reasumió por el Gobierno.

¿De quién es hoy la responsabilidad? No se puede acudir al invento de la “cogobernanza”, para que las decisiones se sigan tomando a escala nacional y las responsabilidades recaigan en las CC AA, porque ellas argumentan a su vez que también toman algunas decisiones incómodas, pero que “su cogobernanza” la reparten con los ciudadanos, que han de ser conscientes y han de responder de su responsabilidad personal ante la Policía, que –dicho sea de paso– ya tiene bastantes tareas ingratas. ¿Qué juego es este?

Más aún, y no menos concreto: la seguridad sanitaria ante el exterior (aduanas) es específicamente gubernamental y se ha de explicar cómo han entrado en España las variantes de coronavirus brasileña, sudafricana y británica, que es hoy claramente dominante aquí, porque nadie argumentará suponemos que los estornudos de sudafricanos o ingleses, por no citar los más lejanos de los brasileños son tan potentes que sus virulentos aerosoles llegan a Asturias y a Madrid.

Seamos serios, aunque sea solo moderadamente.