Juan Alonso, beatificado

Juan Alonso, beatificado 40 años después de su asesinato por los militares guatemaltecos.

El viernes, en la presentación del libro de José María Álvarez, “Pipo”, “Mientras yo viva, Gaspar no morirá”, que preparó el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, uno de los intervinientes, el cura de Tuilla Chuso Álvarez, lo recordaba: a estas horas se están celebrando actividades simultáneas en Cabañaquinta y en el Quiché de Guatemala. Y el motivo es la memoria de Juan Alonso, de la misma congregación religiosa que Gaspar García Laviana.

El hermano de Juan, Arcadio, había escrito “Tierra de Nuestra Tierra”, libro que, “más que ser una biografía, pretende aproximarse al mundo interior del padre Juan Alonso y al contexto real en el que desarrolló su labor misionera”. Hasta su asesinato.

Antes, en 1980, tres sacerdotes asturianos fueron expulsados del Quiché-Guatemala, Marcelino Montoto, César Rodríguez y José Antonio Álvarez, quienes fueron objeto de constantes amenazas de muerte y presiones de la extrema derecha guatemalteca.

Hace un tiempo el actual Papa Francisco había firmado el decreto que reconoce el martirio de tres misioneros españoles del Sagrado Corazón de Jesús y de otros siete laicos asesinados en Guatemala entre 1980 y 1991, durante la guerra, por los militares, y que ahora han convertido en beatos.

Entre ellos, Juan Alonso Fernández, nacido en Cuérigo. Había llegado al Quiché en 1960, y pese a la documentada persecución de los militares prefirió quedarse acompañando a las comunidades indígenas. Fue detenido, torturado y asesinado en La Barranca en noviembre de 1981.

A José María Gran lo mataron mientras iba con su sacristán en Chajul Quiché. De siete tiros falleció. A Faustino Villanueva lo asesinaron mientras estaba en la oficina parroquial en Joyabaj. Juan Alonso Fernández iba en su moto en la carretera entre Cunén y Uspantán. Le salieron al paso, lo tiraron, le rompieron una pierna y luego le dispararon tres veces.

Sus casos fueron presentados ante la justicia española por la Fundación Rigoberta Menchú, cuyo padre, don Vicente Menchú, fue una de las víctimas de la quema por parte de los militares de la Embajada española en Guatemala en 1980. Sobrevivió, de milagro, el embajador don Máximo Cajal, que presentaría posteriormente uno de sus libros sobre los hechos, “¡Saber quién puso fuego ahí!”, en el Auditorio de Oviedo, de la mano del COSAL.

La Comisión de la Verdad en 1999 sentenció implacablemente la culpabilidad y responsabilidad del presidente y gobernantes: la orden había sido: que no haya testigos.

Precisamente ahora, 24 de abril, es aniversario del crimen del obispo que presentaba ese trabajo de la Verdad: Juan Gerardi acababa de hacer la presentación oficial del proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica en la Catedral de Guatemala en presencia de miles de creyentes, de la Conferencia Episcopal, del cuerpo diplomático y los familiares de las víctimas de la guerra. Había sido amenazado de muerte por denunciar la represión militar ejercida sobre las comunidades indígenas de El Quiché.

Gerardi impulsó el proyecto de investigación y conocimiento de la verdad, para dignificar a las víctimas y para que nunca más se repitiera esa historia de dolor y de muerte.

El presidente militar durante el crimen de Juan Alonso era Romeo Lucas. El mismo que había ordenado el asalto y quema de la Embajada española.

Amnistía Internacional en un informe titulado “Guatemala: programa gubernamental de asesinatos políticos”, publicado en Londres, documenta que el general Romeo Lucas llevaba a cabo un programa de asesinatos y torturas directamente desde su edificio presidencial.

El “Caso de Genocidio maya en Guatemala” ante la Audiencia Nacional española fue presentado en 1999, y aunque no se ha cerrado del todo, ha sido paralizado por los acuerdos de limitación de la “justicia universal” fraguados entre PP-PSOE-CIU-PNV.

Por ese caso en 2006 el juez Santiago Pedraz emitió una orden de arresto para ocho acusados de genocidio.

El juez español invitó en 2008 a 40 indígenas guatemaltecos como testigos, marcando la primera vez que una corte nacional oyera evidencia de sobrevivientes mayas sobre uno de los genocidios más grandes del último siglo.

En julio de 2011 el juez admitió una ampliación de la querella inicial para investigar también crímenes de género contra mujeres como violaciones, esterilizaciones forzadas y la esclavitud sexual.

El genocidio contra el pueblo maya provocó más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas, después de que el Ejército guatemalteco arrasara 448 aldeas de la población maya y llevara a cabo un plan sistemático de torturas y asesinatos.

Un millón de personas sufrieron desplazamiento forzado, de entre ellas 30.000 huyeron a las montañas, donde permanecieron escondidas en las CPR, comunidades de población en resistencia, cuyos representantes dieron testimonios varios en Asturias, y 150.000 salieron del país, estableciéndose campamentos de refugiadas, en Chiapas, donde gente asturiana trabajó con ellas, y en Honduras.

En el tiempo presente, hay misioneros, como el poleso Toño Noval (que antes fue cura ganadero en Tineo), que acompañan a las comunidades guatemaltecas más pobres, propugnan premios de DD HH, como el que existió en Siero, adonde llegó para recibirlo la señora Florildana y el obispo (ahora cardenal) Ramazzini, y en el tiempo en que al menos de dos a cuatro ONG locales mantienen un trabajo con comunidades guates, entre ellas el Conceyu Solidaridad y Xusticia, desde Langreo, o Cultura Indígena, desde Llanes, o el cura jubilado (e integrante del Foro Gaspar García Laviana) Faustino Vilabrille.