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21 muertos y una reforma tributaria que el gobierno retira

3 de Mayo del 2021 - javier arjona (Siero)

Otra vez que el pueblo colombiano precisa de las solidaridades.

Otra vez que el coste de expresar en público rechazo a medidas que únicamente favorecen a los ricachones, que no pagan impuestos en Colombia, ha generado un balance tremendo de muertos de bala, de heridas oculares y pérdida de ojos, de detenciones por centenares, de mujeres violadas.

Otra vez que el expresidente Uribe "propuso" sacar a los militares a las calles, el presidente actual Duque le hizo inmediato caso, pero las alcaldías y gobernaciones se nagaron: ya tienen suficiente con una nutrida y mal aconsejada policía antidisturbios con un prontuario de crímenes abultado, que estos días de Paro, 28, 29 abril y uno y dos de mayo, han incrementado el número de muertos a 21. Por ahora.

Las organizaciones de DD HH, movimientos sociales y organizaciones políticas han expresado la más enérgica solidaridad con el pueblo colombiano que resiste en las calles, en contra de la reforma tributaria y enfrenta con heroísmo la brutal represión del gobierno de Duque.

En lo que va de movilización ciudadana se reportan más de 454 personas detenidas arbitrariamente, más de 326 personas heridas presuntamente por el accionar de la Policía y ESMAD, más de 20 personas asesinadas asociadas a la jornada de movilización y más de 326 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones físicas, sexuales y violencia policial, según informan las prestigiosas organizaciones locales e internacionales de DDHH.

La llamada reforma tributaria solo tiene como objetivo empobrecer aún más a los sectores más golpeados y salvaguardar los intereses de los bancos y de los sectores concentrados. En cualquier caso ¿no es legítimo derecho democrático expresar apoyo o rechazo a la misma en cualquier versión democrática?

Se está pidiendo a nivel internacional una presencia urgente con una misión de verificación de organismos internacionales, para la protección de los derechos humanos que garanticen el cumplimiento del legítimo derecho a la protesta social y el resguardo de la vida.

Algo similar a lo que hizo, preventivamente, la 17.ª delegación asturiana en marzo. Cuyos hallazgos fueron ya preliminarmente presentados en la JGPA, y cuyo informe ya está listo para ser presentado a las autoridades asturianas y españolas y europeas. ¿Más temprano que tarde?

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