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¿Me acusa Riopedre de un delito?

3 de Febrero del 2009 - Paloma González-Posada (Oviedo)

Soy la madre de una de las 700 familias que integran los dos colegios de Fomento que hay en Asturias. Tengo hijos en ambos centros desde hace varios años y, junto a mi marido, puedo afirmar que estamos muy satisfechos del método educativo que reciben y que supone una línea continua, sin transiciones, con la educación que les damos en casa. Una educación en valores, de respeto a la libertad, ajena a cualquier sectarismo y de inspiración cristiana. Tras 12 años en los que ambos colegios han estado concertados por la Consejería de Educación, leo con estupor en la prensa la posibilidad de que no se renueven dichos conciertos basándose en la peregrina idea de que la educación diferenciada no es constitucional. ¿Ha dicho eso el Tribunal Constitucional? No. ¿Y el Tribunal Supremo? Tampoco. Más bien todo lo contrario.

La educación diferenciada –niños en un colegio y niñas en otro– es considerada en muchos países como la opción más natural y efectiva, pero no es motivo de estas letras entrar a juzgar qué sistema es mejor; que cada uno decida libremente. Sólo quiero aclarar que no se trata de una educación segregada –lo que constituye una discriminación–, sino, repito, diferenciada. Es un matiz esencial, aunque a los políticos y a algunos sindicatos los matices se les conviertan en la boca en gruesos muros de intolerancia.

Mi familia paga los impuestos que le corresponde. Lleva a sus hijos a un colegio cuyos valores y régimen educativo es perfectamente constitucional –faltaría más–, y considera que el Gobierno del Principado es su Gobierno, porque así lo han querido los asturianos. Y mi familia, ahora, ante el riesgo de una manifiesta injusticia, sólo pide que la dejen ejercer su libertad de elección y cuente para ello con los mismos derechos que los padres de otros colegios.

El consejero Riopedre acaba de decir que la familia es esencial en la educación de los niños y que, en ese proceso, son fundamentales los valores. No quiero pensar que el señor Riopedre considere que los valores cristianos son menos valores y que la educación diferenciada –el «ministro» de Educación de Barack Obama defiende de forma pública esta educación– no es constitucional. ¿Alguien acusa a mi familia de cometer un delito por llevar a mis hijos a estos colegios? Si fuese así, quiero que nos lo digan a la cara a mí, a mi marido y a mis hijos.

Estamos sumidos en una crisis aguda provocada en buena parte por la desidia de los políticos para acabar con la especulación salvaje. Tienen, pues, mucho trabajo como para ir a lo más fácil y demagógico: atacar a un sector débil y secularmente maltratado como es la familia. Y si se trata de una familia cristiana, se les hace la boca agua. Creo que les pagamos para todo lo contrario.

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