Las pensiones, cosa de todas y todos
Una vez más, el Gobierno progresista, mediante la voz de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nos anuncia otro hecho histórico a propósito del acuerdo sobre las pensiones alcanzado entre patronal, sindicatos mayoritarios y el propio Gobierno. A la par con los anuncios anteriores de “calado histórico”, este es un espejismo más que se suma a la colección, no solo no contempla las reivindicaciones de las y los pensionistas actuales, sino que les anuncia recortes en sus pensiones.
¿Qué pasó, por ejemplo, con la reivindicación de la pensión mínima igual a salario mínimo? O ¿pensión de viudedad al cien por cien? Por no hablar ¿de la eliminación de la brecha de género o de la jubilación sin penalización con cuarenta años cotizados? Por muchas declaraciones que nos ofrezca Escrivá, en las que afirma que no había dicho lo que dijo, cosa que ni el mismo se cree, tenemos que tener claro que el recorte de las pensiones está programado.
No cabe duda de que el dicho acuerdo de “calado” nos conduce, a paso lento pero firme, hacia una muerte “feliz” en el trabajo. Esto empezó con Zapatero, el por entonces presidente del “Gobierno más progresista de la historia”, otro que nos obsequió con la reforma que alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años; medida que tomó cuando la cifra del paro ya alcanzaba el 20% de la población activa condenando al paro a uno de cada dos jóvenes.
Esta reforma ha sido la antesala, dos años más tarde, del “factor de sostenibilidad”, incluido en la reforma de Rajoy, en la que la cuantía de las pensiones se vinculaba a la esperanza de vida. El hecho de indexar las pensiones al IPC no tiene que dejarnos satisfechos, primero porque el precio de los productos para calcular el índice oficial no son los más comprados, con lo cual este no refleja los precios reales; segundo porque el monto de la pensión a percibir estará vinculado a un nuevo índice llamado “Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional”. ¿De qué se trata? No se sabe, lo único que se sabe es que este será negociado más tarde y que, si no es lo mismo que “el factor de sostenibilidad”, se le parece mucho.
Tampoco cabe duda que el objetivo de este Gobierno “progresista” –al igual que el de todos los gobiernos progresistas y no progresistas que lo han precedido– es el de alargar la edad efectiva de la jubilación, lo que significa para muchas personas ejerciendo los oficios más desbastadores, tanto en el aspecto físico como en el mental, un brutal recorte en la cuantía de sus pensiones puesto que muchas de entre ellas optarán por acogerse a la posibilidad de jubilarse anticipadamente.
Una vez separada la paja del grano, lo que queda es: el descuento por anticipar la jubilación ordinaria (dos años autorizados por ley) pasa de un 16% a un 21%; para los trabajadores despedidos a quienes la ley les autoriza avanzar su jubilación de cuatro años, el descuento se sitúa alrededor del 30%. Esto, en un país que cuenta oficialmente con 3,6 millones de parados y con un paro juvenil rondando los 37%.
La única manera de garantizar una edad de jubilación y una pensión digna para la clase trabajadora es tomando el dinero necesario en las arcas en las que la burguesía atesora sus beneficios.
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