Construir sin renunciar a la divergencia
Durante los últimos años, han sido muchas las declaraciones sobre el agotamiento o la caducidad del régimen establecido al finalizar la Transición española, un momento de la historia reciente de nuestro país en el que, tras un periodo de trasformación política de tres años, la población acudió a las urnas el 6 de diciembre de 1978 pronunciándose mayoritariamente a favor de la aprobación del Proyecto de Constitución (con una participación del 67,11% y una aprobación del 91,81%). El referéndum para la ratificación de la Carta Magna o Constitución española dio paso a una nueva etapa democrática no carente de grandes obstáculos y problemas de distinta índole, pero debido a la determinación y el esfuerzo del grueso de una sociedad con la vista puesta en un horizonte de paz, libertad y prosperidad general, fue posible ir avanzando con mayor o menor dificultad y éxito en la construcción de un Estado democrático.
Y aunque ya se sabe que en política las cosas no son perennes, lo que debería permanecer y prevalecer es la apuesta inequívoca de las formaciones políticas para continuar trabajando en la mejora de la calidad y la salud democrática, sin que las diferencias ideológicas y la lógica competencia por alcanzar el gobierno local, autonómico y central den lugar a la confrontación destructiva y al empleo de la táctica del todo vale o el fin justifica los medios. Sin embargo, parece ser una práctica cada vez más extendida y tendente a la normalización, algo que tiene poco que ver con el espíritu de nuestra Constitución, algo que se desvía del camino iniciado hace más de cuatro décadas por quienes, desde la divergencia, fueron capaces de apostar en favor de la cohesión, la convivencia y el progreso del país.
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