¿Tenemos derecho a elegir si vacunarnos o no frente al coronavirus?
Si hace un año me preocupaba la pandemia de coronavirus covid-19 por sus consecuencias de mortalidad, hoy me preocupa por algo muy distinto: porque parecemos empeñados en aprovechar la pandemia para justificar la manipulación, la censura, la discriminación, la restricción de libertades, la pérdida de derechos y la tendencia a crear un Estado policial en Europa, donde, además, el policía que te vigila es el vecino de al lado.
A este respecto, leo con preocupación las noticias acerca de la exigencia de “un certificado de vacunación covid europeo para regular los accesos a algunas actividades”, las declaraciones de Macron en Francia clamando que “esta vez se queda usted en casa, no nosotros” (curiosa distinción entre “ustedes” y “nosotros” en un país que tiene como lema “Libertad, igualdad y fraternidad”), la posibilidad, nuevamente en Francia, de “suspensión de empleo y sueldo o despido para quienes persistan en su negativa a vacunarse” (¿qué es esto sino la imposición de la vacunación obligatoria?) o afirmaciones tales como las hechas por Federico de Montalvo en la web de RTVE diciendo que “la vacunación no es obligatoria, pero eso no significa que sea voluntaria” (sutil distinción que tal vez se nos escape a los que no somos doctos en derecho) o que “la decisión de vacunarse se considera éticamente más correcta que la decisión de no vacunarse” (me pregunto si esto es un dogma o aún se puede discrepar sin ser condenado por hereje). Tales cosas me hacen temer la imposición de la vacunación obligatoria, al menos de facto, premiando a quienes elijan vacunarse y castigando a quienes elijan lo contrario.
Dejando aparte la tipología novedosa de alguna de estas vacunas o su rapidísimo desarrollo (sigo sin entender cómo puede determinarse si hay o no efectos a largo, transcurrido apenas un año desde la primera fase de ensayo), estos fármacos no han sido aún aprobados, sino que se hallan en fase IV de ensayo, “autorizados para uso de emergencia” en EE. UU. y bajo “autorización condicional” en Europa. ¿No es razonable, por tanto, exigir que se garantice el derecho de cualquier persona a rechazar su uso, al menos mientras no estén aprobados de forma definitiva, sin que ello suponga merma de sus derechos y libertades individuales?
José María Gómez Ros
Madrid
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