Oposiciones de Educación: Lotería, azar y ¿algo más?
Como profesional de la enseñanza en activo, actividad a la que me llevo dedicando de manera intermitente desde el año 1986, leo con sorpresa, pena y creciente indignación las cartas que se han publicado recientemente en este diario por mis colegas de profesión Belén Graña Zanón (25 de julio) y Raquel Posada Rodríguez (31 de julio), donde ambas hablan de la inclusión de un tercer criterio: el azar de pertenecer a uno u otro tribunal a la hora de poder acceder a una de las plazas ofertadas por la Consejería de Educación en el recién terminado proceso de concurso-oposición.
Decir de antemano que estoy totalmente de acuerdo con lo que reclaman mis compañeras. Aun así, me gustaría plantear alguna cuestión más a debate. Desde mi punto de vista, la Administración educativa, con esta manera de asignar un limitado cupo de plazas por tribunal, está cuestionando de alguna forma todo el modelo de evaluación y calificación hasta ahora vigente.
¿Es que a partir de ahora cuando algún alumno o alumna después de finalizar el Bachillerato se presente a una prueba de acceso a la Universidad su puntuación final va a depender del centro educativo donde haya cursado sus estudios? O, si acaso, ¿esta calificación final dependerá del tribunal o personas que hayan corregido sus pruebas?
¿Es que a partir de ahora en los centros educativos la nota final en una materia va a depender del número de alumnos o alumnas aprobados o suspendidos por determinado profesor o profesora de dicha materia?
Con todo esto, lo único que estamos es abonando la tesis de que, perteneciendo a un tribunal específico o a un cierto centro educativo, se parte con ventaja a la hora de acceder a una determinada serie de plazas.
Me queda claro y según me comenta mi colega, también miembro de la comunidad educativa y exmiembro de diferentes tribunales de oposición, D. José Manuel Foyo Marcos, que la Administración educativa se lava las manos adoptando criterios de comodidad frente a criterios profesionales. Está excluyendo del sistema, de una manera absolutamente arbitraria, a personas de excelencia por cuestiones meramente burocráticas. Se han cargado de un plumazo el criterio de equiparación justa entre los distintos candidatos y candidatas, demostrando una total ausencia de confianza en el criterio de los tribunales.
Por eso animo a todos aquellos candidatos y candidatas que se hayan visto inmersos en esta kafkiana situación a que alcen su voz, pues desde mi punto de vista el proceso no solo es injusto e inmoral, sino incluso creo que podría contradecir la normativa vigente.
Confío en que alguien autorizado tendrá que decir la última palabra.
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