Señora González, el fin no justifica los medios

El pasado sábado 21 de agosto se publicaban, en cada uno de los dos periódicos con mayor arraigo en la región, un par de artículos firmados por la señora Ana González, actual alcaldesa de Gijón. En ambos textos, se trataba de justificar –quizás ante el enorme revuelo generado a escala nacional– la decisión adoptada, esa misma semana, de no renovar la concesión de la plaza de toros de El Bibio. Vaya por delante que quien suscribe estas líneas no se considera en absoluto seguidor de la tauromaquia. Sin embargo, no puede negarse que algunos de los razonamientos expuestos por la regidora, en sendos diarios, resultan francamente carentes de fundamento. Y ello, tanto desde el prisma jurídico como de las bases propias de la democracia, en cuya defensa asegura basar toda su actividad política.

Así, en primer lugar, la señora González trata de respaldar su decisión en el hecho de que el PSOE, partido al que pertenece, hubiese adoptado una resolución congresual para tratar de evitar “el fomento de la tauromaquia allí donde gobernara”. Sin embargo, pese a que todo político debiera ser fiel a sus programas y promesas electorales, lo cierto es que en nuestro país existe una ley (la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural) que no solo permite las corridas de toros, sino que impone a todos los poderes públicos –y el Ayuntamiento de Gijón es uno de ellos– un deber especial de promoción y conservación de las mismas. Frente a ello, es posible que, como afirma la propia alcaldesa en sus declaraciones, la conciencia social haya evolucionado y, al igual que ya no se admiten “la esclavitud, ni la quema de herejes, ni el escarnio hacia los débiles” la tauromaquia haya perdido gran parte de su sustento social, deviniendo obsoleta, en consecuencia, también su regulación legal. Sin embargo, en un Estado como España que, además de democrático, es social y de derecho, las leyes pueden ser modificadas y derogadas siguiendo los oportunos trámites parlamentarios. No parece, por tanto, admisible que una regidora municipal, firme defensora de la democracia, fundamente una decisión en las directrices internas de un partido que, habiendo realizado un mero ejercicio de voluntad, no ha impulsado ningún intento serio para reformar la legislación nacional en dicho sentido.

En segundo lugar, acierta la primera edil cuando señala que “Nadie ha prohibido nada”. Efectivamente, como ya señaló el Tribunal Constitucional a propósito de la prohibición de estos espectáculos en Cataluña, dicha prohibición únicamente podría ser establecida por el Estado pues “la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país y, atendiendo a su carácter, no parece discutible que el Estado pueda, en primer lugar, constatar la existencia de ese fenómeno y, a partir de él, en tanto que manifestación cultural presente en la sociedad española, hacer posible una intervención estatal”. Sin embargo, cuando la regidora afirma, a renglón seguido, que, “sencillamente, el Consistorio dejará de auspiciar la celebración de corridas de toros”, comienzan a plantearse serias dudas sobre el verdadero alcance de dicha manifestación. Si con tal expresión pretende aludir a que el Ayuntamiento de Gijón no volverá a promover la feria taurina, sacando a licitación su organización, ello constituye una opción jurídicamente factible. Ahora bien, lo que ya no parece tan claro es que, ante la eventual solicitud de cualquier empresario taurino para la utilización de la plaza de toros, el Consistorio gijonés pudiera oponerse alegando que “ha dejado de auspiciar” este tipo de espectáculos. En este sentido, conviene recordar que el Ayuntamiento tiene aprobada una ordenanza (la Ordenanza Municipal N.º 364) en la que el coso de El Bibio figura como equipamiento cedible a los particulares a cambio del precio público correspondiente. De esta forma, el argumento de la Alcaldesa conforme al cual la plaza de toros “es un equipamiento municipal, y por ello es el Consistorio quien decide sus usos y sus funciones” resulta, cuando menos, cuestionable.

En tercer lugar, la señora González realiza un alegato francamente capcioso y difícilmente comprensible desde la lógica argumentativa. Señala la regidora que “un Ayuntamiento democrático no puede consentir de ningún modo que, al amparo de una pretendida fiesta nacional, se menoscabe y se haga mofa de un principio de la democracia, el de igualdad, mediante el sacrificio de tres toros bautizados, por decirlo suavemente, con muy poca fortuna”. Lo cierto es que difícilmente puede llegar a entenderse en qué manera el sacrificio de esos tres toros conecta con una posible vulneración del principio constitucional de igualdad. En efecto, la igualdad es un concepto de carácter relacional y comparativo que exige, para su vulneración, el tratamiento desigual de situaciones idénticas o el tratamiento idéntico de situaciones dispares. Por mucho que el feminismo sea un movimiento a favor de la plena igualdad entre hombre y mujeres –realidad difícilmente cuestionable hoy en día– la lidia de un toro apodado “Feminista” no puede considerarse un atentado contra el principio constitucional de igualdad, sino, en todo caso y para algunos sectores, un acto de mal gusto.

Finalmente, afirma la regidora que “las tradiciones importan cuando sirven para que nos encontremos en ellas, no cuando aprovechan sus particularidades para excavar una trinchera en torno a la cual nos dividimos”. No deja de sorprender que quien habla ahora de “divisiones” sea precisamente quien ha polarizado a la práctica totalidad de la ciudadanía con un tema que, a muchos, nos resultaba indiferente. Es conocido que todos los años, con ocasión de la feria taurina, se producían altercados entre asistentes y manifestantes animalistas y nadie niega que estos últimos fuesen un grupo cada vez más numeroso. Sin embargo, también es cierto que un gran porcentaje de la población se mantenía ajeno al conflicto, compartiendo el mismo razonamiento que, hasta hacía no mucho, había proclamado la propia alcaldesa en relación con los toros: “Quien los quiere va y quien no quiere no va”. Si entre sus valores estaba promover la convivencia pacífica entre todos los gijoneses y gijonesas, lamento decirle, señora González, que su actitud no ha sido correcta.