A propósito de la renovación del CGPJ y similares

Llevamos oyendo, leyendo y viendo en las últimas semanas toda suerte de opiniones y pareceres respecto a la renovación del mal llamado Consejo General del Poder Judicial. Y digo mal llamado porque, como está acreditado y se está acreditando, ni es Consejo, ni General ni mucho menos, aún, Poder del Estado. Si quieren, todo lo más, se puede aceptar el adjetivo de Judicial.

Siempre y en todo caso, a los fines de analizar con cierto rigor los asuntos públicos y que afectan a la totalidad de los ciudadanos, conviene no perder nunca de vista el pasado más inmediato, en este caso de España, y que en este tipo de asuntos absolutamente esenciales y que afectan directamente a la soberanía del pueblo español y por derivación al propio Estado, y más concreta y esencialmente a la existencia de una verdadera y auténtica democracia o no en España. Partiendo de esta premisa que señalo, cualquier opinador, desde toda la casta política cuya inmensa mayoría es absolutamente ignorante en este orden de cosas pasando por cualquier advenedizo de última hora y que opinan en radios, televisiones u otros medios, en una especie de “reuniones de amigos”, de cualquier asunto mundano, bien sea de los pilares de una democracia y una nación o del coste de la electricidad, del covid o de cualesquiera asuntos y todo ello sin tener un mínimo de formación, y mucho menos de criterio; deberían de tener una mínima decencia intelectual y personal y no “soltar” sandeces cada vez que hablan u opinan. Por ello y retomando el pasado más reciente, tomo como punto de partida la muerte del dictador Franco. Todo el pueblo español debería percatarse que a día de hoy –aunque la atmósfera de tópicos y lugares comunes que crean toda la patulea que acabo de mencionar lo hacen sinceramente muy difícil– y me temo que durante largas décadas, en España no ha existido ni un segundo de democracia, como valientemente expuso reiteradamente en los foros donde quiera que le llamaran el desgraciadamente ya fallecido señor García-Trevijano Forte, cuya aseveración se fundamenta estricta y exclusivamente en los hechos acaecidos desde el fallecimiento del dictador. Y ello se basa en la siguiente sucesión de hechos: para empezar, existían ya unas Cortes constituidas, las franquistas, que junto con varios personajes escogidos por pasar como representantes de diversas “sensibilidades políticas”, desde Fraga, González o Carrillo, todos ellos y otros y ejecutando un plan previamente hablado y pactado, se irrogaron un poder constituyente a sí mismos, lo cual, en términos de ciencia política y jurídica es una aberración. Con ese poder constituyente redactaron una Constitución mezcla de la alemana e italiana y con unas libertades otorgadas a los ciudadanos pero siempre en forma individual, jamás colectiva, de tal forma que igual que otorgan una libertad expresada en nuestra inaplicada Constitución la pueden limitar o suprimir como, de hecho, ha ocurrido con ocasión de la pandemia que padece el mundo entero y que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional pero “a toro pasado”. Es cierto que dicha inaplicada Constitución fue sometida a refrendo por parte de una ciudadanía carente de una mínima cultura democrática y en el que el mantra era que suponía la libertad, la democracia y la modernidad, por lo que fue sancionada por la inmensa mayoría del pueblo español. Pero nótese que ya se parte de un vicio de origen al ser redactada por personas sin previamente haber sido elegidas de forma democrática para tal fin y con la legitimidad del Estado de Derecho franquista. Desgraciadamente todo ello perseguía fines espurios como es el exclusivo y excluyente reparto del poder del Estado y ahí tiene su origen todo el periodo del consenso, la Transición y demás “cuentos chinos” que, como digo, son un reparto absoluto e indefinido en el tiempo de todos los resortes y poderes del Estado, esto es, el ejecutivo, el legislativo y lo que denominan judicial, que pasaron a ser detentados únicamente por el poder ejecutivo y que en términos técnicos se denomina oligarquía de partidos o partidocracia, que es lo que desde esa época y hasta hoy día es el sistema vigente desgraciadamente en España. Así ha transcurrido la historia más reciente de nuestro país desde la muerte de Franco hasta el presente, con gobiernos de todo color y pelaje pero con ese reparto del poder del Estado entre unos escasos partidos políticos que tampoco tienen una naturaleza democrática en sus estructuras internas sino que están bajo mandato imperativo del jefe de turno que en cada época corresponde, léase González, Zapatero y ahora Sánchez, o Fraga, Aznar o Rajoy, por reseñar los ejemplos más significativos.

Así, no es de extrañar que según va avanzando el tiempo se produzcan en alguna ocasión concretas disfunciones como la que lleva por título este escrito y que hace referencia a la renovación del CGPJ, pues en esa oligarquía de partidos o partidocracia-partitocracia, de forma temporal, los partidos políticos dominantes, PSOE-PP, PP-PSOE, deben recabar la ayuda indirecta de diputados directa y abiertamente independentistas u otros que “de boquilla” se autoproclaman de corte bolivariano o de derecha conservadora como Podemos o Vox para poder seguir detentando el poder, y ello gracias a una ley Electoral injusta y que permite que esos escasos diputados del tipo mencionado se irroguen una relevancia que en modo alguno les corresponde y a cambio de cambalaches de todo tipo.

Por todo ello, no es de extrañar que por mucho que el presidente del Tribual Supremo y del CGPJ reivindique la independencia judicial, a los que de verdad detentan el poder les traiga al pairo lo que diga aunque sea en presencia del jefe del Estado –el Rey de España–, y más aun si dice que dicha independencia judicial supone una “garantía” para la existencia de la democracia. Se colige de ello que este señor aún no se ha percatado de la tesis que expongo y que nadie puede refutar con argumentos técnico-jurídico-constitucionales pues no lo digo yo sino que es el mentado señor García-Trevijano Forte el que lo tiene plasmado por escrito en sus libros sobre estos asuntos y, en vida, retando a cualquier catedrático o jurista “de reconocido prestigio” a debates públicos y nunca nadie, jamás, ha tenido los arrestos para ello, y entrecomillo lo de juristas de reconocido prestigio porque la inmensa mayoría de los que se suponen o le otorgan esa condición ni siquiera saben qué es preciso para ser jurista de verdad.

En resumidas cuentas, este humilde abogado que escribe con la esperanza de incitar a la recapacitación, a la reflexión sincera y genuina, a dar un vuelco absoluto a este sistema corrupto y degenerado que padecemos y pagamos con el propósito único y exclusivo de que sea el pueblo español el que tome y detente, por primera ocasión en su historia, las riendas de su propia libertad colectiva, simplemente por el mero hecho de, quiérase o no, ser nacional español o, en otros términos, pertenecientes a la nación española, sin excluir ni a una sola persona por la razón que esta fuere, creo que supone una empresa y una aventura que siempre, y nunca es tarde para ello, merece la pena porque equivaldría a pasar de ser un pueblo esclavo y adormecido a ser de veras el pueblo soberano que nuestra inaplicada Constitución proclama como premisa previa en su articulado. Y lo digo porque donde quiera que voy en Asturias y resto del país, con gente sin cultura o con formación, observo que todos ellos, gente normal y corriente, común a todos, opinan de igual forma si bien al plantear que siempre el pueblo tendrá la opción de rebelarse pacíficamente para ser él mismo el sujeto que pida y exija resultados de gestión de la cosa pública a quien se postule a representarlo, de igual manera lo catalogan como imposible, aunque basta que en el futuro inmediato ocurra algo, surja algo, se avance un primer paso en este sentido para que todo salte por los aires y de una forma auténtica, genuina y sincera el pueblo español sea el que de forma real y cada día sea auténticamente el pueblo soberano al que deban rendir puntualmente cuentas de resultados a quienes quiera que detenten el poder como representados y mandatarios del soberano pueblo español. ¡Emprendamos pues de forma colectiva este maravilloso reto que es la conquista de la libertad y poder colectivo!