El cortocircuito

16 de Septiembre del 2021 - Alejandro González Lada (Urbiés)

Posiblemente no huela a chamusquina, ni haya daños mayores que el de una factura inasumible, pero ese liberalismo económico del que tanto presumen Casado o Ayuso, oponiéndose a la intervención del Estado en beneficio de la iniciativa privada, debería tener un freno más pronto que tarde. Los servicios básicos son esenciales para la supervivencia de las familias. ¿Sí o no? El agua, electricidad, gas, etc. ¿tienen que estar al servicio del ciudadano, o deben servir para que un puñado de miserables se lucre?

Yo creo que en un país en donde triunfa la usura es intolerable permitir que la iniciativa privada maneje a su antojo la base de la economía familiar, es una falta de respeto alardear y hacer públicos los miles de millones que obtendrán a base de hurtar al ciudadano, porque esto es un hurto, y si no díganme a mí que es normal cobrar 50 euros de factura a quien consume solo 5 por mucha letrita que intercalen en conceptos que no entiende ni la madre que los parió.

Yo cada vez que escucho a un político decir que una cosa no nos va a costar nada, preparo la hucha... ¿Que no? Cuando se invadió Irak ¿El combustible no iba a bajar?... Cuando se hizo un préstamo a la banca (no rescate) en condiciones ventajosas ¿A quién le costó?... Cuando nos vendieron que la liberalización del mercado de las comunicaciones iba a suponer una mejora sustancial para el consumidor... y sobre todo, cuando el señor Aznar liquidó la única empresa de energía eléctrica pública que quedaba, Endesa, diciendo que nos iba a traer muchos beneficios. Solo se le olvidó el insignificante detalle de decir para quién eran los beneficios, puesto que él acabó pillando un sillón muy apetecible en su consejo de administración, con una remuneración de nada menos que 200.000 eurazos por el favor hecho. Después llegarían políticos de toda condición y rango, empezando por Felipe González y siguiendo por una aborrecible lista de exministros, diputados y senadores para seguir chupando del negocio.

Hace unos años debatía con un amigo de mi mismo credo, y le decía que el Estado debía tomar las riendas de todas esas empresas que estaban causando graves perjuicios a la sociedad, le mencionaba las eléctricas, combustibles, y hasta la banca. El caso es que me llamó comunista, y yo le dije: si ser comunista es pretender que no te estafen con la factura de la luz, que no te chantajeen a la hora de contratar un crédito, o que desaparezca el evidente monopolio de los combustibles, igual sí, pero no será para beneficiarme, sino para que todo el mundo tenga acceso a ello a un precio justo.

Alguno pensará que por qué centro mi reflexión en la derecha, y podría tener razón, ya que como ya señalé anteriormente, esas puertas giratorias sirvieron a los dos partidos que se alternaron en el poder desde los inicios de la democracia para "colocar excedentes", pero, a mi modo de ver las cosas, hay un par de detalles que me gustaría señalar como diferenciales:

el primero es obvio, y pone en evidencia hasta qué punto se protege al explotador. Cuando un país como España, con una media de 2.500 horas de sol anuales, tiene un Gobierno que se atreve a poner un impuesto a quien ose aprovechar la energía solar en detrimento de la que llega de sus amigos-proveedores, ¿cómo se les queda la cara?... ¿difícil de explicar, verdad? Pero no se acongojen, que los conservadores tuvieron explicaciones para todo, según Rajoy, cuando la luz subía era porque había llovido poco.

El segundo tiene como protagonista a Isabel Ayuso (la alternativa a Casado, dicen), quien recibió en Italia un premio, "Llama de la Libertad" (o como dirían en Madrid, "una cañita") por parte del Instituto Bruno Leoni, una institución privada, cuya financiación es algo más que misteriosa, y promueve la reducción del peso del Estado en la economía de los países. ¿Es necesario extenderse o van pillando por dónde se mueven los intereses en ese entorno?

El caso es que, visto lo visto, a mí me resulta un tanto contradictorio que la culpabilidad de la subida de la luz recaiga en el Gobierno, cuando quienes proveen y se enriquecen con el suministro eléctrico son empresas privadas, y cuando el Estado advierte con intervenir, estas amenazan con apagar centrales térmicas. ¿Me equivoco o a esto se le llama chantaje?... pues da la sensación de que el chantaje hay ciertos sectores de la sociedad y de la política que no lo entienden, como si la factura que les llega periódicamente la emitiera el Gobierno de España y no de esas empresas que sin facturar, ya saben que dentro de 5 años seguirán ganando miles y miles de millones.

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