Objeción de conciencia, aborto y eutanasia

La objeción de conciencia en España viene recogida en la Constitución, en su artículo 30.2., que dice literalmente: "La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria".

La objeción de conciencia, por tanto, nace con la promulgación de la Constitución y vinculada al servicio militar que, por entonces, era obligatorio. Pero como toda conquista social o de derechos civiles, tiene una historia detrás, unos antecedentes. Estos nunca son fáciles de determinar, pero en nuestro ámbito, quizás podamos coincidir en destacar el caso de "Pepe Beúnza", a quien las autoridades franquistas mantuvieron preso desde 1971 a 1974, por negarse a cumplir el servicio militar. Gracias a las movilizaciones ciudadanas y una campaña internacional de apoyo pudo ser liberado.

En 1984, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de Objeción de Conciencia (ley 48/1984, de 26 de diciembre) como derecho subjetivo de los ciudadanos y estableció paralelamente, un servicio civil de la misma duración que el servicio militar (PSS) como alternativa a la "mili". En 1998, se sustituyó la ley del 84 por la que permanece vigente hoy, ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria.

Por su parte, el artículo 16 de la Constitución española dice literalmente:

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Esto es todo lo que tenemos en el cuerpo literal de la CE. Salvo que mi lectura de la misma haya sido incompleta (no lo descarto), en la Carta Magna no existe ninguna referencia explícita a un fantasmagórico "derecho constitucional a la objeción de conciencia para no practicar abortos". Otra cosa es que el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias y, a lo largo de estos años, haya hecho una interpretación extensiva (ellos dicen que constitucional) de los artículos 16 y del 30.2 para que un "acto médico", como lo es el aborto (como la hernia discal que me van a extraer la próxima semana) pueda ser amparado. El Tribunal Constitucional (no la CE, insisto) considera como un derecho fundamental la objeción "cuando deriva de un imperativo moral vinculado a la vida como son el aborto y la eutanasia" (nos espera otro "vía crucis" jurídico con la eutanasia recientemente aprobada).

El catedrático de Filosofía del Derecho de Bioética Andrés Ollero Tassara es claro al respecto: "La confusión reinante sobre la dimensión jurídica de la objeción de conciencia deriva pues, en buena medida, de su desafortunado emplazamiento en el texto constitucional vinculado al servicio militar"... "La comunidad no puede satisfacerse con la simple alegación de una convicción personal. La objeción, por excepcional, ha de ser contrastada para la satisfacción del interés común... el fuero de la conciencia ha de conciliar con el fuero social o colectivo". Más claro, agua.

Si a esto sumamos que ese "supuesto" derecho puede entrar en conflicto con otros derechos, también recogidos en normativas posteriores (si nos ponemos así, tan legítimos, en términos de conquistas sociales), el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres.

La cruda realidad es que el "derecho" de los médicos a objetar no tiene ninguna traba, ni jurídica, ni burocrática, ni laboral. Se solicita y punto. Por el contrario, el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad es como caminar sobre un campo de minas. Todo son trabas, escrutinio jurídico, asfixiante burocracia, estigma social y culpa, mucha culpa, inoculada por contextos sociales.

Si alguien tenía alguna duda sobre la prevalencia del poder médico y su connivencia con quienes "imparten justicia", espero que haya servido de ejemplo el último esperpento vivido en directo desde la sede del poder ciudadano, el Congreso de los diputados. El diputado de Vox José María Sánchez insulta a la diputada Laura Berja, del PSOE, que defendía una proposición de ley para impedir la impunidad con la que operan los grupos ultracatólicos frente a las clínicas que practican abortos, con insultos y amenazas. El diputado talibán de Vox la llamó "¡bruja!". Ante la solicitud del presidente de la cámara de que retirara el insulto, se negó. El presidente de la cámara (a la tercera advertencia, como manda el reglamento) le ordena que abandone el hemiciclo, a lo que el juez-talibán se niega y manifiesta airado que "no acata" la orden. Hay que recordar que este señor ¡¡es juez!!... ¿Alguien lo ve impartiendo justicia?

Como dos gotas de agua. Algunos ya lo venimos advirtiendo, desde que se promulgó la ley reguladora de la eutanasia, el pasado 25 de junio. Serán como dos gotas de agua, el aborto y la eutanasia. Dos derechos conquistados por la voluntad de la gran mayoría de la población son cercenados por una minoría fanática de extrema derecha que cuenta como colaboracionistas con jueces tridentinos y médicos con doble moral. En Madrid, una mujer que cumplía con todos los requisitos de la ley pidió a su medica de cabecera ayuda para morir. La médica le dijo que sí y 48 más tarde se retracta porque se había declarado objetora de conciencia. La mujer decidió suicidarse en soledad, en la frialdad de la habitación de un hotel.

Un fantasma recorre España, no es el comunismo, es la objeción de conciencia que llegó de la mano de la lucha antibelicista y se ha terminado convirtiendo en los defensores de los "valores" nacionalcatólicos y ultramontanos que impiden el ejercicio de sus derechos a las ciudadanas y ciudadanos de este país.