La ley incumplida
Estos últimos días la opinión pública está teniendo noticia de que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” se incumple de forma generalizada y mayoritaria en la sanidad pública, basándose dicho incumplimiento en la objeción de conciencia del personal sanitario responsable de su práctica, en un primer caso, y en el estigma de los profesionales que sí estarían dispuestos a hacerlo, en un segundo caso. En el primero, el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad en condiciones óptimas de seguridad sanitaria y jurídica queda claramente conculcado en base a un artículo que supedita el derecho fundamental de la ley a una decisión personal de los profesionales que la tendrían que llevar a cabo, poniendo de manifiesto una importante anomalía que no garantiza su cumplimiento en base a un artículo de la propia ley, incurriendo en una tramposa contradicción que el legislador debe resolver de forma inmediata en favor del motivo principal de la ley. Sobre el estigma a los profesionales que sí estarían dispuestos a realizarlo, el problema es aún muchísimo más grave pues denota un déficit democrático donde una determinada y poderosa jerarquía médica impone, por métodos coactivos, su estrecha y caduca moral a todo un colectivo en un acto claramente delictivo y reprobable.
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