Acuerdo presupuestario

PSOE y UP, los socios en la coalición de Gobierno, han llegado a un acuerdo para los Presupuestos del año que viene. Nadie dudaba de que fuera así y, además, lo ha sido de buen rollito, porque el carácter de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y su facilidad para el acuerdo y el consenso están muy lejos de los que tenía Pablo Iglesias. Está claro que la escuela del PCE no son los egos. El acuerdo gira principalmente sobre dos ejes: por un lado, que las empresas paguen un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre la base imponible, como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), y, por otro, coger por los cuernos el grave problema de la vivienda que hay en España, donde cientos de miles de jóvenes, con los salarios actuales y los desorbitados precios de los alquileres, no pueden emanciparse y están condenados a vivir con sus padres. Este segundo acuerdo era irrenunciable para UP y por él llevaba peleando desde hace casi año y medio Ione Belarra; la secretaria general de Podemos no podía ocultar su satisfacción. Se trata de dos medidas inequívocamente progresistas cuya intencionalidad es llevar a la práctica derechos constitucionales, corregir injusticias y ofrecer un futuro mejor a las nuevas generaciones. No era justo que los trabajadores pagaran más impuestos que las empresas o que el problema de la vivienda se enquistara en España provocando graves consecuencias existenciales para la gente. Sin embargo, una cosa son las buenas intenciones y otra muy distinta los resultados, y los resultados de estas medidas serán capitales de cara a las elecciones generales; si salen bien, la izquierda saldrá reforzada y las ganará, y si salen mal, será su tumba. La derecha y la ultraderecha ya han dicho que no piensan aplicar estas medidas en los ayuntamientos y en las CC AA donde gobiernan, pero no lo han dicho porque piensen que, para que esto sea realmente eficaz, habría que retocar algunos detalles de las nuevas leyes, algo que podrían plantear en el Congreso de los Diputados durante su tramitación, sino porque para ellos la libertad de los propietarios está por encima del derecho a la vivienda, y que las empresas paguen menos impuestos que los trabajadores es lo que les gusta. Nada nuevo bajo el sol en España, porque en muchos países europeos donde gobiernan las derechas estas medidas ya se han aplicado hace años, no siempre con buenos resultados, eso sí, ahí vamos: un gravísimo problema que tenemos en este país es la gran cantidad de dinero negro que circula, y esto va a seguir siendo así hasta que, como ya están empezando a hacer los países nórdicos, se elimine el papel moneda y todos los pagos se realicen con tarjeta. Esta premisa debe ser muy tenida en cuenta a la hora de aplicar cualquier medida que afecte a los pagos, bien a la Hacienda pública, bien entre particulares. En el acuerdo sobre la vivienda se contemplan medidas valientes, como recargos de hasta 150% del IBI para las viviendas vacías y “topar” los precios de los alquileres de los grandes tenedores (bancos y fondos de inversión) en las zonas “tensionadas”, es decir, mayoritariamente, los centros de las grandes ciudades y zonas turísticas. A todo esto hay que añadir la creación de un cheque mensual de 250 euros de ayuda al alquiler para los jóvenes de hasta 35 años. Pues bien, yo mucho me temo que en el país del 23% de fraude fiscal y del dinero negro algunas de estas medidas tendrían exactamente el efecto contrario al que se pretende. Limitar los precios no sirve de nada si no puedes, o no quieres, eliminar los pagos en dinero negro, y ya Zapatero tuvo la misma ocurrencia que ahora ha tenido Pedro Sánchez, la de dar un cheque para ayuda al pago del alquiler, con la consecuencia inmediata de la subida del precio de los alquileres. Tampoco estaría de más echar un vistazo al fracaso que estas medidas han tenido en otros países. Si lo que queremos es que bajen los precios de los alquileres lo que tenemos que hacer es dejar jugar a las leyes del mercado (a veces las leyes del mercado funcionan) interviniendo solamente donde el mercado provoque graves distorsiones. Es necesario sacar cientos de miles de pisos vacíos al mercado del alquiler y eso se hace protegiendo a los propietarios, sean pequeños o grandes, de impagos, okupaciones y destrozos. Salvo algunos grandes especuladores, yo no creo que, en general, los propietarios de viviendas sean gente malvada cuya intención es hacer la puñeta a los españoles, sino que prefieren tener los pisos vacíos para que el día de mañana disfruten de ellos sus hijos antes que alquilarlos, ante la ausencia de seguridad jurídica y la permisividad de las autoridades con los que luego no pagan y encima te destrozan el piso. Si antes no se corrige esto, no habrá autoridad moral para abrasar a impuestos a los que tienen pisos vacíos. A mí me gustaría que el acuerdo presupuestario de la coalición de Gobierno funcionara, pero para eso hay que hacer algunas correcciones, las que he apuntado: seguridad jurídica y eliminar la ocurrencia de ese cheque.

Una medida inequívocamente de izquierdas, con la intención de promocionar la vivienda de protección pública y acabar con los guetos sociales, con los barrios de ricos y pobres, es la que ha introducido UP para que al menos el 30% de los pisos en edificios de nueva construcción sean viviendas sociales. Por supuesto, esa medida tampoco gusta a la derecha y a la ultraderecha, que los “piojosos” vivan en sus barrios ya es demasiado.