Ley de delitos sociales, una necesidad
Usted ya sabe que vivimos en un país poco serio donde a los sinvergüenzas y mentirosos, que abundan por doquier, nadie les pone en sus sitio, lo mismo se da cancha televisiva en programas basura a los que han robado a manos llenas, para que se lleven más dinero gracias a contarnos algunas de sus vivencias, que se negocia con el PNV para que, a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2011, se permita participar en las elecciones al entorno político de ETA, para que en un futuro próximo los nacionalistas, sumando sus votos a los de los violentos, puedan volver a gobernar. Hay chorizos de perfil bajo, los hay de guante blanco y hay golpistas que no dudan en poner en peligro el imperio de la Constitución para conseguir sus fines. El mayor riesgo es que la ciudadanía se resigne, creamos que esto no tiene vuelta de hoja y que, hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. La mentira se ha instalado entre nosotros y la ejercen sin cortapisas. Llaman a la Huelga General los mismos que apoyan al Gobierno, pues de él reciben dádivas generosas, los sindicatos quieren que los trabajadores pierdan el salario de un día para ellos poder lavarse la cara, pero no dan recomendaciones de a quién deben votar o no los proletarios en las próximas confrontaciones electorales, es más, compadrean con los políticos que nos gobiernan en Rodiezmo y se dan premios unos a otros con total impudor.
Pero si hay una institución, donde el cachondeo y la falta de rigor no pueden permitirse es la Justicia, pues es la encargada por la Carta Magna de administrar las leyes y debe hacerlo bien, porque afecta directamente a la vida de la gente y es el último baluarte del Estado. Es frecuente escuchar en esas tertulias poco rigurosas, que tanto nos gustan a los españoles, como se acusa a la Justicia y a los jueces de que muchas fechorías queden impunes, de que ladrones y corruptos campen a sus anchas riéndose en nuestras propias narices. Los jueces, como todo ser humano, se equivocan, también lo hacen los cirujanos y los pilotos de aviones con consecuencias dramáticas, pero, en general, unos y otros son buenos profesionales que tienen perfecta conciencia de la trascendencia de sus acciones y decisiones. Son los políticos los verdaderos culpables de que la Justicia no funcione, pues es el Poder Legislativo el que elabora y aprueba las leyes y los gobiernos Central y autonómicos los que deben poner los medios materiales y humanos suficientes para que el imperio de la Ley sea una realidad. Es decir, la impunidad de que gozan los delincuentes en España no puede ser achacada al Poder Judicial sino a los que, algún día nos tendrán que explicar porqué, aprueban unas leyes y un código penal hecho a la medida de los facinerosos y a los que dan órdenes a la policía y a la Guardia Civil para que hagan la vista gorda con determinados delitos.
Los ciudadanos se asombran de que, por ejemplo, no se pueda juzgar a alguien cuando roba menos de 400 euros, aunque lo haga reiteradamente, de que te puedan robar el coche, que tanto te está costando pagar, y, aunque te lo estampen en cualquier sitio, no le pase nada al que se lo ha llevado. Los jueces no son los culpables de este estado de cosas.
Pero lo mas sangrante son los que llamamos Delitos Sociales, es decir, actuaciones al margen de la ley que afectan gravemente al conjunto de la sociedad, entre los que podríamos citar el tráfico de drogas, la prostitución y trata de blancas, el blanqueo de capitales, la economía sumergida y el dinero negro, la corrupción política, los delitos ecológicos (como los vertidos e incendios forestales intencionados), etc. Son actuaciones delictivas que requieren un tratamiento especial, tanto en los medios para su detección, como en la especial dureza penal con que deben ser castigados. Es urgente y necesaria una ley específica para castigar ejemplarmente a los que hacen tanto daño a la colectividad.
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