El Emérito
Cuánto de engañados nos tenía el campechano, es cierto, sabían de sus andanzas falderas los gobiernos de turno, lo que hay que investigar es si sabían también de sus trapicheos económicos con fraude incluido.
Se habla, y se comenta, que quiere venir a pasar las Navidades a España. Incluso se discute cuál será su posible residencia aquí. Hablan los monárquicos de dignidad y de reconocimiento, algo que no tiene el sujeto en cuestión. Ya podremos hacer todo bien (el cargo lo exige), pero eso no indica que las irregularidades o delitos si fuera el caso perdonaran al individuo referido. Se fue, huyó, se escondió en un país amigo para él, allí donde carecen de las mínimas cuestiones democráticas. ¿Por qué?, ¿tendría miedo acaso a la justicia española? A sus defensores les diría que lo piensen, piensen también en su regulación fiscal. Ser jefe del Estado y guardar dinero en paraísos fiscales sin declararlo es un delito del cual todo hijo de vecino pagaría, menos él; es inviolable.
Ahora parece que la Fiscalía echará el cerrojazo al caso, si no me equivoco, no hace mucho salía información de que la Fiscalía sostenía que el Emérito se enriqueció como comisionista internacional y señalaban hasta cuatro delitos posibles: indicios de blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal. Pues todo eso se quedó o quedará en nada. Aunque solo fuera el defraudar a la Hacienda pública, cosa que es sabida al regularizar su situación y pagar, con lo cual, él mismo se declaró culpable. Ese delito en sí mismo es gravísimo al referirse al jefe del Estado por entonces o en su caso ex jefe del Estado.
Estoy de acuerdo en que venga, pero a dar explicaciones a los españoles y ante la Justicia.
Se saldrá con la suya, lo no prescrito, entrará dentro de ese anacronismo legal de inviolabilidad. Todo ello deja en mal lugar nuestro sistema constitucional, donde todos debiéramos ser iguales ante la ley.
Me importan poco sus escarceos amorosos, me importa poco la monarquía, que no deja de ser algo folclórico en nuestra democracia. Pero sí me importa que nuestro jefe o ex jefe del Estado defraudara y ahora la Justicia tenga que ignorarlo por ser inviolable.
La Constitución española, en su artículo 56,3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Es decir, el Rey, por su cargo y condición, no puede ser sometido a ningún proceso judicial, por lo que no se le puede exigir responsabilidad alguna por sus actos. ¿Vieron incongruencia y contrasentido mayor? ¿A qué esperan nuestros políticos para eliminar tal injusta prebenda de la Constitución?
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