Feliz Día de la no Constitución

En estos días en que todos los “prohombres de Estado” que dirigen el destino del pueblo soberano, en este caso español, se felicitan recíprocamente al cumplirse otro año de vigor de la denominada Constitución de 1978, debo, por muchos motivos, ir contracorriente “espíritu de salmón” y tener cierto rigor al escribir lo siguiente: en el año 1789 ya se publicó “La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Su artículo 16 dice textualmente: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”. Leyendo simplemente este precepto o artículo ya del siglo XVIII cualquier ciudadano que sepa leer, no esté idiotizado o no quiera permanecer más en un estado de autoengaño se dará cuenta que desgraciadamente hoy en día en España no puede existir una genuina Constitución. Y ello no es posible precisamente por esas dos premisas necesarias que acabo de redactar, imprescindibles, junto a otras adicionales igualmente imperiosas y que vendrían ulteriormente. La primera de ellas se refiere al establecimiento de un sistema que garantice los derechos, se entiende que de todos los españoles en este caso. Ello, cada día se demuestra, es una entelequia. Parece que ese sabio redactor apunta a dos aspectos: el establecimiento de un conjunto de leyes intemporalmente justas –no confundir nunca ley con Justicia– que sean moral y éticamente obligatorias para todos los ciudadanos. El segundo requisito que parece imponer es que exista una Justicia independiente que sea la garante que vele por el debido cumplimiento y observación de ese ideal conjunto normativo y ampare a cualquier ciudadano frente a un abuso cualquiera de un poder público o de un tercero. Pues bien, ya les anticipo que ninguna de ambas premisas concurre hoy en día en España ni en la práctica totalidad del resto de países. Ni existe en vigor ese conjunto de leyes justas derivadas de los usos y costumbres de nuestros antepasados junto a otros antecedentes ni tampoco existe una garantía judicial que proporcione a cualquier justiciable o ciudadano una cierta seguridad en que exista un juicio rápido y que imponga sentido lógico y evite una injusticia. Pueden preguntar sobre este aspecto a cualquier vecino que tengan y verán que la inmensa mayoría les ratificará esta observación… si bien admite excepciones –las cuales confirman la regla general– únicamente en aquella gente que detente un poder político –alcaldes, ciertos concejales, diputados, senadores, miembros destacados de cualquier partido político– y grandes delincuentes como traficantes a gran escala, terroristas, banqueros, “yernos” diversos o ladrones al por mayor o, eufemísticamente denominados, “de cuello blanco”. Esta inmensa minoría sí recibe y recibirá, injustamente, un trato de favor intrínsecamente perverso y que el resto de mortales jamás soñaremos.

La segunda premisa con la que iniciaba ese escrito y que resulta necesaria, aunque no suficiente, es la separación de poderes. Esta es igualmente obvia y, como diría el refrán, “no existe mayor ciego que el que no quiere ver”. En España hoy en día, queriendo ver y observar, cualquiera puede percatarse que solo existe un poder que es absoluto porque todo lo controla y puede. Me refiero a los escasos dirigentes de los aparatos internos de todos los “partidos políticos” que en España existen. Según quién ocupe en cada momento el palacio de la Moncloa y que por tanto tenga el poder de mandar designará a toda la pléyade de subordinados que integrarán su grupo mayoritario en el Congreso y Senado, en el Tribunal Supremo, Constitucional, CGPJ, y demás incontables organismos públicos que conforman la “maquinaria estatal” tanto a nivel central, autonómico o local, triple, cuanto menos, gasto público, o, dicho de otro modo, a cargo de todos. Por tanto, ya estoy señalando que el jefe de Gobierno designa de forma digital a su denominado poder legislativo en connivencia con el obediente grupo de jueces que le avalen leyes que el pueblo jamás entendería y le “rescaten” en caso de venir mal dadas. Esta es la realidad y el ocupante del palacio de la Moncloa lo mismo importa que sea de un partido o de cualquier otro pues se trata precisamente de eso, de sea quien sea el afortunado, que el statu quo permanezca… “hoy por ti y mañana por mí”.

Como nunca me gusta concluir con un tono pesimista, cabe decir que todos estos defectos que convierten en imposible lo que es perfectamente viable pasa porque todas y cada una de las personas que integramos y conformamos lo que se denomina pueblo, y, en concreto, pueblo soberano, adquiramos esta conciencia y la materialicemos en una colectividad de intereses comunes, de todos, y que trascienden los sentimientos políticos de cada cual para centrarnos en aspectos muy cotidianos y que importan a todos. Así, el pueblo soberano exigiría de cada gobernante cuentas del último céntimo público gastado porque esos mandatarios administran exclusivamente dinero público, de todos los vecinos, de ahí que el interés de cada persona y del pueblo en su conjunto debería ser si ese dinero común, intocable para los mandatarios, se dedica a los fines e intereses que previa y mayoritariamente ese mismo pueblo soberano ha determinado y concretado su utilización y que dichos mandatarios se han comprometido a administrar y gestionar en su nombre de forma que su no debida y comprometida administración, por tratarse de dinero de todos, fuera causa inmediata de destitución sin opción de volver a participar nunca más en la vida política o asuntos públicos, por ser redundante.