Los desahucios de viviendas
El número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, en el trimestre 3 de 2021 se situó en 8.659, lo que supone una variación del 22,03% respecto al mismo periodo del año anterior, según el estudio “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En nuestro país se producen unos 100 desahucios cada día, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis que data de muy atrás y que se ha agudizado en esta etapa pandémica que nos toca vivir y que ha llevado a cientos de miles de personas a perder un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda.
Todas esas familias desahuciadas no solo han perdido su vivienda, sino que siguen manteniendo la deuda con los bancos.
Esta situación nos obliga a ir más allá de pedir la dación de la vivienda en concepto de liquidación de la hipoteca, defendiendo un marco legal o una modificación de la ley hipotecaria, que ante una situación extrema que impida cumplir con los pagos obligue al banco y al propietario a abrir un marco de negociación que permita a este último seguir en la vivienda pagando al banco bien un alquiler negociado y en función de los ingresos familiares, bien flexibilizando la cuota o la carencia en el pago del capital, al menos por un periodo determinado (5 años).
El stock de viviendas en poder de los bancos sin posibilidad de salir al mercado debe favorecer estas propuestas.
La crisis financiera no puede cebarse en quienes, sintiendo el efecto de la misma, se ven imposibilitados de hacer frente a sus hipotecas.
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