La Corte Constitucional de Colombia
La Corte Constitucional de Colombia declara que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz.
Los Acuerdos de Paz en Colombia han tenido pronunciamiento de apoyo en todas las organizaciones de Asturias que acompañan la solidaridad con aquel país.
Y sucesivamente numerosos ayuntamientos y el Parlamento astur se han expresado institucionalmente. Diversos y recurrentes encuentros, antes, durante y después de los Acuerdos, se han organizado en Oviedo (Hotel España, Colegio de Abogados, RIDEA), Llanera (Escuela de Música), Xixón (CCAI, Ateneo La Calzada, CM El Llano, El Café de Macondo).
Asturias, con un programa de protección temporal a defensoras/es que dura 22 años y que no contempla a excombatientes, ha auspiciado el apoyo a la paz colombiana de forma continuada. Sus visitas de verificación a los derechos humanos en el terreno (a primeros de marzo partirá la número 18) han construido una sistematicidad en sus Informes, que también ha recogido en los últimos 5 años, tras la firma del Acuerdo, los asesinatos de firmantes de la Paz.
El pronunciamiento de ayer de la Corte coincide también con las preocupaciones y propuestas para la paz compartidas unánimemente desde tierras astures.
En cifras de INDEPAZ-Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, el año 2021 concluía con 171 líderes sociales asesinados (27 eran mujeres), 96 masacres con 355 víctimas, 48 excombatientes, además de las víctimas (entre 40 y 70 crímenes) de la movilización del Paro Nacional de abril-mayo-junio.
Este mes de enero ya van 11 masacres con más de 33 víctimas, y 11 líderes/as sociales asesinados. Una de ellas, Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, fue asesinada este miércoles cuando estaba en el velorio de su esposo, el líder social Álvaro Peña, asesinado el día anterior en Arauca.
La Corte dictó este jueves órdenes para restablecer los derechos considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.
Dichas órdenes son las siguientes:
- Ordenar a la UNP que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente decisión revalúe el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares de riesgo.
- Reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecernos de ser necesario nuevos esquemas para ello empezar con la contratación y la formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades.
- Declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento y la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de los excombatientes.
- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. La Corte también creará una sala especial de seguimiento y cumplimiento hasta que se logre la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
- En el término de tres meses el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento.
- Ordenar al Gobierno nacional que adopte las medidas que le permitan cumplir las garantías de seguridad previstas en el acuerdo de paz, de modo que se facilite la reinserción efectiva y pronta a la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.
- Ordenar al Gobierno nacional disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo de paz que ejerzan liderazgo político o social tengan la protección requerida en el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar.
- Priorizar a los municipios y regiones especialmente afectadas por la violencia de grupos armados y la ausencia del Estado (Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca) para descongestionar los análisis de riesgos represados en la UNP.
- Aplicar con rigor los principios de presunción del riesgo extraordinario y realizar un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que aumenten innecesariamente el riesgo de seguridad que enfrentan las personas desmovilizadas.
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