Elección de centros educativos
Resulta extraño que después de más de diez años el Consejero haya advertido ahora que la educación diferenciada es, según sus declaraciones, ilegal. ¿Lo será también en el resto de España o es que nuestra querida Asturias es una excepción?
Se necesita ser muy ingenuo para no ver que sus declaraciones responden a una intencionalidad política e ideológica de asfixiar económicamente el ejercicio de un derecho fundamental. Lo de la legalidad es una mera argucia para intentar suprimir los conciertos; pero ya hay un buen número de sentencias, dentro y fuera de España, como para asegurar que, aunque sea a la larga, los tribunales dejarán zanjado que la educación diferenciada no es discriminatoria ni anticonstitucional.
Los conciertos posibilitan y facilitan que muchas familias podamos, de hecho, elegir aquellos centros educativos que, dentro de la oferta disponible, consideramos los más convenientes para nuestros hijos.
La supresión de los conciertos supondría, al menos, una doble injusticia: quedaríamos negativamente discriminados respecto a nuestro derecho a elegir; pagando impuestos como los demás, quedaríamos desposeídos de la compensación que nos corresponde para educación.
Si uno de los objetivos de la sociedad moderna y progresista es conseguir la gratuidad de la enseñanza, queda claro que no renunciando a nuestros principios, ésta no lo será en absoluto -ni poco ni mucho- para nuestras familias.
Una medida como la que propone el Consejero sí que nos segrega y nos expulsa del sistema y fuerza a que esos centros pasen a ser de gestión privada. Si, como dicen algunos, nuestros puntos de vista son elitistas, siguiendo la argumentación, esa decisión nos haría más elitistas.
Si todo esto fuera así, podríamos concluir: "Riopedre fomenta la enseñanza privada y el elitismo". ¿Es eso lo que pretende el señor consejero?
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