El dinero manda
El año pasado se produjeron 10.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40% de vacunación mundial fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, poco más del 4% de la población de los países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado. Esta es una de las conclusiones del informe “El dinero manda: La respuesta de la industria farmacéutica a la crisis de las vacunas contra la COVID-19” publicado recientemente por Amnistía Internacional. Como factor determinante, este mismo informe señala la actuación de las empresas farmacéuticas que, a pesar de los llamamientos para garantizar la distribución equitativa de estas vacunas, optaron en 2021 por monopolizar la tecnología, así como por bloquear y presionar para que no se compartiera la propiedad intelectual, al mismo tiempo que cobraban precios elevados y priorizaban el suministro a los países ricos.
El informe mencionado actualiza el publicado en septiembre, con el nombre “Doble dosis de desigualdad”, en el que se instaba a los desarrolladores de vacunas a entregar al menos el 50% de dosis a los países de ingresos bajos y medianos bajos, y se exigía a los estados acaparadores de vacunas que redistribuyesen las dosis sobrantes entre los países que más las necesitan.
Cabe destacar que, en 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos ingresos de hasta 54.000 millones de dólares, y sin embargo suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos. Por otra parte, las empresas chinas Sinovac y Sinopharm solo entregaron a países de ingresos bajos el 0,5% y 1,5% de sus vacunas, respectivamente. Los registros de Johnson & Johnson y AstraZeneca fueron mejores: el 50% de sus existencias llegaron a países de ingresos bajos y medianos bajos; sin embargo, muchas de estas dosis se suministraron como “donaciones” de países de ingresos altos y no como parte de contratos de venta.
Amnistía Internacional pide que todas estas empresas compartan la propiedad intelectual mediante la expedición de licencias abiertas y no exclusivas o participando en el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), creado para apoyar el intercambio de licencias, divulgar públicamente todos los términos y condiciones y fijar el precio de las dosis, de manera que los beneficios no se interpongan en el acceso a las vacunas contra la COVID-19.
Es sumamente preocupante que se dé prioridad a los beneficios por encima de las personas, especialmente cuando, hasta la fecha, han muerto más de 5,8 millones de personas a causa de la COVID-19. Se hace imprescindible cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial antes de mediados de 2022. ¿A cuántas variantes más tendremos que sobrevivir para que los países de ingresos altos y las empresas farmacéuticas comprendan que la población de los países de bajos ingresos –no solo la de los países ricos– debe tener acceso a las vacunas?
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