Prohibir la caza en España no será igual para todos los cazadores
Ese desmedido afán que tienen los ultras del animalismo y ecologismo de prohibir el buen ejercicio de la caza en España, de convertir en realidad sus deseos, de seguro crearía dificultades a las administraciones públicas, que se verían obligadas a tener que soportar de forma permanente un enorme gasto y hacer fuertes inversiones, algo de lo que no podrán evadirse, además de crear una situación discriminatoria. Al respecto de esto último, se hace necesario aclarar quienes serían los aficionados que sufrirían las consecuencias de forma definitiva, y quienes no tanto, por culpa de una decisión que impida en España ejercitar la práctica venatoria.
A los perceptores de rentas altas una prohibición de toda actividad cinegética en nuestro país no les sería impedimento para seguir con esta práctica en el extranjero, donde abundan las oportunidades para este tipo de capacidades económicas. Cazar fuera de nuestro territorio nacional tiene un componente dinerario, traducido a mayores costes, solamente asumibles desde un elevado nivel adquisitivo. Por contra, la caza social tradicional española, mayoritariamente practicada por gente que percibe un salario por su trabajo, sería la damnificada. Obviamente, quedaría fuera de sitio.
Por tanto proscribir la caza social en España, tiene el significado de que una cláse pudiente y potente volverá por donde solia hacerlo, es decir: cazarán los que estén interesados y puedan. Lo cual quiere decirse que el progresismo que tantos esfuerzos dice hacer para conseguir la igualdad de oportunidades en las mismas condiciones entre los españoles, con este tipo de propuestas sigue en la obstinación de perseverar en el error y la contumacia en ignorar la realidad.
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