Carta abierta a Nuria Varela, directora general de Política de Igualdad del Principado de Asturias
Es posible que desde el Instituto de la Mujer se esté ignorando uno de los mayores ataques en el ámbito laboral, contra las mujeres, de los últimos tiempos; un ataque que, además -como ya es habitual en el caso de las mujeres-, se perpetra desde los mismos entornos desde los que se realizan declaraciones de denuncia de tales hechos. Una hipocresía que añade sufrimiento al que ya, de por sí, causa el abuso al que estas mujeres se enfrentan día a día.
Las mujeres siempre lo hemos tenido difícil en el mundo laboral; no ya solamente por la dificultad misma de acceso a determinados niveles de responsabilidad, a trabajos estables y adecuadamente remunerados, a una carrera profesional, a sueldos que remunerasen el trabajo realmente realizado o a la necesidad de conciliar lo laboral con lo personal. Las mujeres hemos sido las grandes víctimas de la organización capitalista del trabajo. Eso explicaría por qué la mayoría de las aspirantes a los puestos de trabajo que ofrecen las administraciones públicas son mujeres; así en la sanidad, en la educación, en la asistencia social (menores tutelados, mayores dependientes, etc.), son mujeres las que asumen la tareas de servicio público; eso explica también por qué se trata de trabajos precarios (eventuales y con contrataciones y ceses escandalosamente planificados para que impliquen el menor coste de gasto público a costa de una enorme precarización laboral), remunerados a la baja y con menos derechos laborales (permisos, vacaciones, etcétera). Sí; aunque parezca imposible, todas las administraciones públicas, da igual el sesgo político que abracen, se han apresurado a diseñar un sistema de contratación de personal para sus servicios públicos precario y de bajo coste, aunque a las personas -la mayoría mujeres- que han accedido a él se les haya exigido excelencia en su formación, incluso, con la superación de pruebas para acceder a discos trabajos. Y esto ha podido ser porque las personas abusadas en este contexto son mujeres, siempre mujeres, que, erróneamente pensaron que las administraciones públicas no iban jamás a dispensarles el trato que era habitual hacia ellas en el ámbito de lo privado y que siempre están dispuestas a aceptar que se cuestione su idoneidad para el puesto que desempeñan.
Ahora, en una vuelta de tuerca más, las administraciones públicas, ayudadas por un Gobierno, un Parlamento, unos sindicatos y un Poder Judicial masculinizados, hostiles hacia las mujeres e impermeables a su sufrimiento, han establecido un sistema que permite echar a la calle gratuitamente a estas mujeres abusadas durante décadas -la mayoría con edades que superan los 50 años- para sustituirlas por jóvenes más baratos que van a ocupar esas plazas -debidamente mermadas con anticipación- y realizar los trabajos que ellas venían desempeñando. Estas mujeres se pueden ir al paro sin problemas y sin coste social; seguirán sirviendo al capitalismo como fuerza de trabajo gratuita en sus funciones de cuidados y mantenimiento silencioso el engranaje social. El Estado, además, se ahorrará unos cientos de miles de jubilaciones, ya que se trata de mujeres que no podrán reincorporarse a la vida laboral y no podrán cotizar en los siguientes años (los que cuentan para la pensión). Estas mujeres, con su experiencia y su conocimiento de la realidad social adquirido a través del desempeño de su trabajo, se verán, como siempre, despreciadas y ninguneadas en el diseño de un nuevo paradigma de servicios públicos que ha venido para quedarse: el de la inversión exigua; el de aparentar que se presta pero al que resulta imposible acceder (como la atención primaria sanitaria); el de los "call center" y los empleados sobrepasados por un diseño de su trabajo sobrecargado e imposible. Ustedes dirán lo que quieran, pero esto no es ficción; es la lastimosa realidad que, con nuestro silencio cómplice -también el suyo-, estamos ayudando a construir.
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