Política económica

Hace unos días hemos visto cómo el presidente del Gobierno de España se ha desplazado por diversas capitales de Europa para conseguir adhesiones a su plan de controlar la tarifa eléctrica mediante una modificación del sistema de cálculo de la misma.

Como es sabido y se ha difundido por todos los medios informativos, el precio de todo el kWh que se vende al mercado es el precio del kWh más caro producido, que en la inmensa mayoría de los casos es el gas natural, utilizado en las centrales de ciclo combinado.

Así, el mix de producción procedente de la energía hidráulica, la aérea, la solar, la atómica, etcétera, se valora toda ella como si la totalidad se hubiera producido en centrales térmicas con gas natural, que es la que resulta más cara de todo el mix.

Con eso, las compañías eléctricas salen enormemente beneficiadas, al vender al precio más caro una producción media fabricada a precios mucho más bajos.

El presidente del Gobierno no tuvo éxito en su gira europea y llegó a la reunión de la Comisión Europea con los deberes por hacer y con la oposición de Alemania y Holanda.

Ante la falta de acuerdos, los presidentes español y portugués consiguieron que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 aprobaran con reparos la excepcionalidad de España y Portugal, no desgajando el precio del kWh en función de los costes de la materia prima empleada, como pretendía Sánchez, sino interviniendo el precio del gas fijando un máximo para el que se dedique a la producción de energía eléctrica, lo que evidentemente abaratará el precio del kWh puesto en el mercado.

La duda que se plantea es quién pagará la diferencia entre el precio del gas natural del mercado y el precio máximo fijado por el Gobierno.

Si no es el propio Estado español, como parece que va a suceder, sino que serán las compañías eléctricas, no cabe la menor duda de que estas lo repercutirán de alguna manera en los usuarios, bien elevando el coste del resto del mix, bien elevando el precio del gas dedicado a otros usos, como los hornos industriales, el gas para calefacciones, para agua caliente y todos los consumos, con lo que la bajada del precio del kWh se verá “compensada” con la subida de las facturas del gas en las comunidades, en los hogares y en los productos industriales, que lo repercutirán el precio de venta a los consumidores. Nada habremos avanzado, lo que se abarate la energía eléctrica se encarecerá en otros productos.

Parece que, en estos momentos, la postura del Gobierno de España debería haber sido la de una bajada de impuestos que gravan la energía, con lo que, en definitiva, los beneficiados por la medida serían todos los españoles que tengan luz, agua caliente, calefacción, o consuman productos fabricados con esas energías.

Pero los gobiernos, de la nación, autonómicos y locales, no quiere disminuir sus ingresos, manteniendo elevados tipos impositivos sobre estas y otras materias. Lo justifican aduciendo que hay que mantener el Estado del bienestar. Después, con gran difusión a través de los medios, anunciarán subvenciones para este, para aquel, para unos ayuntamientos, para unos colectivos, y, en definitiva, repartirán en función de sus únicos intereses un dinero que tal vez injustamente primero han arrebatado a los ciudadanos.

Los 20.000 millones de euros para políticas de igualdad, los más de 1.200 asesores de los nada menos que 23 ministerios, la distribución no explicada con transparencia de cómo se transfieren los dineros a las comunidades autónomas, el incremento de las prebendas a los políticos, de las subvenciones a los sindicatos, el famoso gesto electoralista del cheque de 400 euros a los jóvenes que cumplen 18 años y tantas y tantas subvenciones a organismos no oficiales que los ciudadanos ya han bautizado como chiringuitos, se verían seriamente cuestionados si el Gobierno dispusiera de menos ingresos y tuviera que dedicarlos a sanidad, a educación, a vías de comunicación, a la Seguridad Social… en definitiva, a las labores que faciliten la actividad normal de los ciudadanos, tal y como en su momento enfatizó nuestro gran Jovellanos, tantas y tantas veces citado en vano en los diferentes foros económicos y sociales.

Los ayuntamientos se han erigido en empresarios de festejos y han conseguido convencer a la población de que organizar fiestas patronales con actuaciones de artistas más o menos famosos, con nombres en función de la ideología de cada equipo de gobierno, forma parte del Estado del bienestar. Es lo que en su día se denominó pan y toros (en Gijón, con la actual alcaldesa, pan y folixa, ya que ha prohibido por las bravas la fiesta de los toros), sin que ello contribuya a la mejora global de la sociedad. Esos espectáculos son ofrecidos como gratis, obviando que el dinero empleado en ellos proviene de los propios contribuyentes.

Es la técnica de la demagogia y del intervencionismo. Yo te arrebato una enorme cantidad de dinero que en justicia te has ganado con tu trabajo, y luego una parte lo reparto en función de mis intereses particulares.

El ansia de intervencionismo es enorme. Se intervienen las rentas del trabajo mediante el abusivo impuesto del IRPF, se intervienen las rentas inmobiliarias fijando el precio de los alquileres, se interviene el precio de los combustibles mediante impuestos especiales casi confiscatorios, se interviene, en definitiva, en toda actividad económica mediante los impuestos de plusvalía, transmisiones, donaciones, herencias, patrimonio, etcétera, para que los empresarios y los ciudadanos, en general, no tengan más remedio que acatar las instrucciones que se dictan desde las instancias gubernamentales.

Sinceramente, como en todos los asuntos humanos, en el medio está la virtud. Ni un capitalismo feroz, que deja desprotegidos a los más débiles, ni un comunismo intervencionista, que elimina la competitividad en las empresas y en las personas.

¿Le suena a alguien la socialdemocracia y la democracia cristiana de los países europeos que proporcionaron la mayor tasa de bienestar a los ciudadanos de los años cincuenta, sesenta, setenta del pasado siglo? Es verdad que los políticos de aquellas épocas eran muy superiores a los actuales, escarmentados por las dos guerras mundiales en menos de treinta años y por la escalofriante realidad de la guerra nuclear ya probada en Japón.

Los políticos de hoy, nuestros gobernantes, tienen una ínfima categoría intelectual, cultural y moral, y una ingente cantidad de dinero de los ciudadanos a su disposición. Pero son los que nos gobiernan, y los que nos seguirán gobernando. En ese aspecto, no soy nada optimista.

Nuestros hijos y nietos lo sufrirán.