Dos nuevas masacres en Colombia
Una en Cartagena, otra en Uribia-Guajira, la número 30 de este año.
Entre las víctimas en el barrio cartagenero de Nuevo Paraíso, dos pastores evangélicos; tres indígenas wayúu, en el caso de la Guajira.
En los municipios de Arjona y Turbaco (cerca de Cartagena) la Defensoría alerta de peligro vulneración derecho internacional humanitario.
En Paz de Ariporo, en el Casanare, fue asesinada la profesora Yamelys Campo Pérez.
En el Cauca, uno de los departamentos que mayor violencia sufre, el CRIC denunciaba ayer que 275 jóvenes indígenas fueron reclutados a la fuerza en 2021.
Mientras tanto se extiende la exigencia de investigación por la matanza de 11 personas en el Putumayo.
La Red de Derechos Humanos de Putumayo detalló la identidad de algunas de las víctimas y asegura que eran "habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados hoy". De igual forma, reportan desaparecidos y desplazados de los habitantes de la vereda.
Entre las personas asesinadas se encuentra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, el cual fue "elegido en el nuevo proceso de nuevos dignatarios comunales".
De igual forma, figuran: la esposa del presidente de la junta, Ana María Sarria Barrera; un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, y Oscar Olivo Yela.
El resto no ha podido ser precisado entre otras cuestiones, por los obstáculos que el Ejército colombiano impone a las investigaciones y al temor de los habitantes. No obstante, es ardua la labor que las organizaciones llevan a cabo para conocer la veracidad de los acontecimientos. La comunidad se encontraba reunida para una "rifa bailable", una forma común de recaudar fondos para el arreglo comunitario de los caminos.
A partir de ello, la Red de Derechos Humanos de Putumayo exige que se lleve a cabo un proceso de "investigación y misión de verificación en campo acudiendo al derecho que tiene la comunidad de ser atendida".
(Del Putumayo procede una de las personas defensoras que están pendientes de papelería en la Embajada española para llegar al PAV-DDHH asturiano).
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