Masacrando al pueblo colombiano.
Según las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz y del CINEP en los últimos 4 años se han perpetrado en Colombia más de 2.500 homicidios sociopolíticos y se registran más de 130 desapariciones forzadas.
Los excombatientes que han firmado la paz suman ya 313 asesinados y más de 7.000 de un total de 13.000 que han sido desplazados por la fuerza de sus espacios de reincorporación.
1.278 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, con 853 durante el actual gobierno.
El primer trimestre de 2022 que es motivo del Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas registró un incremento de hechos violentos que atentan contra la paz. Eso se observa en el número de desplazados por la violencia armada, en asesinato de líderes y lideresas (42 en el primer trimestre de 2021 y 48 en el de 2022) y en las masacres que suman 27 entre enero y marzo de 2022.
El gobierno de Colombia se ha negado a cumplir con la orden legal de promover en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la adopción de una Política Pública y un Plan de Acción para el desmantelamiento de conductas y organizaciones criminales que atentan contra la paz y contra los líderes y personas defensoras de los derechos humanos.
En lugar de esa política de Estado en función de la paz, el gobierno ha promovido una política de guerra y de ocupación militarizada de territorios que es permisiva con graves situaciones de complicidad de agentes del Estado y de la Fuerza Pública con organizaciones narcoparamilitares, tal como lo han mostrado testimonios y denuncias publicadas en medios masivos de comunicación, sobre la complicidad y connivencia de altos mandos con organizaciones como el llamado Clan del Golfo en el suroccidente del país, en el Chocó, Catatumbo, Caquetá, entre otros (ver declaraciones de los obispos de la región Pacífico, de "Otoniel" y Medina C, 2022, en la Revista Sur, o ver simplemente la información recogida en los territorios por la 18ª delegación asturiana de marzo).
En Puerto Leguízamo fueron asesinados 11 civiles que estaban en una fiesta comunal, por parte del ejército. #LosmuertosenPutumayo. Esa matanza, que incluye los asesinatos de un menor, de un gobernador indígena y de un presidente de junta de acción comunal y su esposa, "todavía colea" en Colombia, al negarse el gobierno a aceptar la versión de los testigos, y al haberla escondido Duque en su intervención en la ONU esta semana.
Es urgente que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad escuchen la voz de las víctimas y de los defensores civiles de la paz y de los derechos humanos.
Han de evitarse (con la excusa de la guerra en Ucrania y los acuerdos de Colombia con la OTAN) maniobras y cortinas de humo para ocultar los incumplimientos en la implementación integral del acuerdo de paz en Colombia y la crisis humanitaria que golpea especialmente a la población en las regiones azotadas por la guerra desde hace décadas y a la población urbana que reclama derechos en medio de la grave crisis económica y pandémica del siglo XXI.
Estos datos son aportados por el Observatorio Indepaz. Pero concuerdan con los documentados por NNUU, o con los del Informe que la delegación asturiana presentará en el Parlamento asturiano en mayo.
En tales condiciones de contexto, y como una minúscula pero persistente acción solidaria que dura 22 años, 5 personas con liderazgo social y amenazadas de muerte (Adriana, Mauricio, Eliecer, Jonathan y Yuri), están pendientes de llegar al refugio asturiano, con el apoyo de la agencia asturiana de cooperación, el Ayuntamiento de Xixón, y de la fundación internacional para la protección de los defensores de los DD HH.
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