Al tribunal no le salen las cuentas
Es cierto que en los primeros meses de la pandemia se desató una psicosis por la falta de mascarillas, de gel, de guantes y de test para hacer frente al coronavirus, y que las administraciones se las veían y se las deseaban para encontrar proveedores al precio que fuera. Esta situación generó un auténtico caos, un infame mercadeo y un abusivo aumento de precios, del que se aprovecharon los “listillos” de turno, que aparecieron como setas por toda la geografía española, brindándose a actuar de intermediarios en operaciones de este tipo amparándose en el decreto que permitía comprar sin los controles habituales.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid en relación con dos de estos contratos, por tráfico de influencias y por otras posibles actuaciones irregulares, han motivado que el Tribunal de Cuentas dé un paso adelante para investigar, en las comunidades en las que tiene competencia, los contratos de esta naturaleza que se formalizaron entre el 14 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, que fue el periodo de vigencia del decreto de alarma que permitía la contratación de emergencia sin someterse a los requisitos formales establecidos por la ley.
Es lógico pensar que el Tribunal de Cuentas haya tomado cartas en el asunto, porque si se han gastado 2.000 millones de euros de dinero público, en dicho periodo, en material sanitario, parecen muchos, pero que muchos millones, muchos de los cuales es muy probable que hayan ido a parar a las “sacas” de algunos a los que les van a sacar los colores.
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