La Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo y el Rector

Hace unos días escuché en la radio al rector de la Universidad de Oviedo decir que, si el Consejo de Gobierno aprobaba el traslado de la Escuela de Ingenieros de Minas, Energía y Materiales (EIMEM) a Mieres, el conflicto quedaría cerrado, que “en eso consistía la Autonomía Universitaria”. Días después conocíamos la aprobación del traslado por el Consejo de Gobierno y el Rector indicaba que solo faltaba la aceptación por el Consejo Social.

A los ciudadanos que seguimos este proceso nos cabe poca duda de que el Rector conoce sus derechos, aunque está por ver si se atribuye alguno más de los que le corresponden. Supondremos que también conoce sus deberes, al menos aquellos de carácter moral que tanta importancia adquieren en la Responsabilidad Social de las organizaciones, y quizás al final de este escrito podamos decidir, nosotros, los ciudadanos, si era cierto que conocía bien derechos y deberes.

Tratemos de dilucidar tan notable cuestión. La Universidad edita todos los años su preceptivo informe de Responsabilidad Social (RS). Para ser breve, la RS refleja el compromiso que la organización (Universidad en este caso) asume voluntariamente frente a toda la sociedad civil y el medio ambiente en el que desarrolla su misión. Es un compromiso libre y voluntario asumido frente a todos nosotros, ciudadanos.

Hoy todas las grandes organizaciones, sean empresariales, sociales o de otro tipo, que quieran permanecer en el mercado (en sentido amplio) o asumir un papel social relevante editan anualmente su informe de RS, donde rinden cuentas de sus avances en la mejora del entorno social y ambiental.

No hacerlo conllevaría mala imagen, desconfianza en su gestión, y necesitarían un sinfín de explicaciones para ser aceptados por la sociedad, es decir, carecerían de legitimidad. También carecerían de ella si, aun editando su informe, incumplieran aspectos esenciales de la RS, como la obligación de escuchar a las partes afectadas por su gestión o “stakeholders” (término acuñado hace décadas en el mundo anglosajón).

La correcta gestión de la RS supone disponer de canales no contaminados para que los grupos afectados tengan su justa representación ante los órganos de gobierno. Se trata de escuchar las voces de las posibles víctimas resultantes de las decisiones que adopte la Universidad, aun si se trata de competencias suyas, pero cuya implantación daña aspectos importantes de la sociedad en la que se inscribe. En tal caso, la Universidad tiene la obligación de escuchar a los afectados o víctimas y, de no hacerlo, carecería de legitimidad para ejecutar sus decisiones.

La RS nació para que, a través de la asunción de su responsabilidad, las empresas y otras organizaciones pudieran devolver a la sociedad en la que se integran algo de lo mucho que la sociedad les entrega a lo largo de su existencia; responde, en cierto modo, al pago de una parte de la deuda que la organización (Universidad) ha contraído con la sociedad.

Pues bien, ¿alguien que conozca un poco las instituciones de la Universidad cree que el llamado Consejo Social es el órgano adecuado para representar en este específico caso a los afectados por el traslado: profesores, estudiantes, propietarios de pisos de alquiler, hostelería y ciudadanos y autoridades del municipio de Oviedo y otros? ¿Están adecuadamente elegidos los miembros del Consejo Social para debatir en defensa de los afectados antes citados?

No se trata de recabar la opinión particular de sus miembros, sino de que estos reemplacen las voces de las víctimas en defensa de sus intereses. Parece evidente que ese Consejo no tiene entre sus fines el muy específico de sustituir las opiniones de las víctimas. Lo correcto sería crear una comisión ad hoc de afectados que sí estarían legitimados para defender sus propias posiciones.

Al tratarse la Universidad de un organismo público, la RS es más sensible a los compromisos que debe asumir frente a los ciudadanos, y la obligación de atender las razones de los afectados, que forman parte del colectivo que la financian, establece límites al supuesto derecho absoluto a decidir atribuido por el Rector a la Autonomía Universitaria.

Un ejemplo de lo que hacen algunas grandes multinacionales con muchos centros de trabajo nos ayudará a entender mecanismos de deslocalización. Si queremos cerrar o deslocalizar un centro de trabajo A, reducimos su nivel de pedidos, alteramos los precios de transferencia con otros centros de modo que el centro A reduzca su beneficio y, después de un tiempo de funcionamiento en esas condiciones, comparamos sus resultados con los demás centros mediante un simple estudio de “benchmarking”. La alta dirección tiene ya la justificación para la deslocalización de ese centro y se limitará a exponer sus cifras de bajo rendimiento a autoridades y sindicatos.

Es un ejemplo de la manipulación que puede ejercer quien detenta el poder para buscar ventajas a través de mecanismos poco ortodoxos. No sabemos qué mecanismos emplearía una Universidad para conseguir fines no confesables o que no se atengan al interés general. Por eso es tan importante la transparencia. Sin ella los ciudadanos carecemos de medios para controlar las organizaciones que nos zarandean, día sí y otro también.

Indaguemos esta vez en los deberes del Rectorado. Si se desea trasladar la EIMEIM de Oviedo a Mieres porque languidece ante la escasez de alumnado, cabe preguntarse qué se hizo por parte del actual y de los pasados rectores para fortalecer su situación desde que una “decisión profundamente desacertada”, expresión repetida por los propios integrantes del estamento universitario (al que he pertenecido), decidió hace años dividir aún más el Campus de Oviedo y crear el de Mieres (con trasfondo político- sindical) utilizando fondos europeos que deberían haber fortalecido los campus existentes (y con ello la EIMEM no estaría hoy en su situación de abandono), en un claro déficit de control social sobre los fondos. Este caso empieza a parecerse al ejemplo de la deslocalización del centro A.

Quizá de lo que se trata, bajo una supuesta necesidad de espacio para otros grados, es de rematar la injusta operación iniciada hace años con la creación del Campus de Mieres. Si aquella descabellada operación llevó en su momento el visto bueno del Consejo Social, ¿por qué hemos de creer ahora que dicho Consejo defenderá como debe, con justicia y honestidad, a los afectados por este desaguisado?

Hay otros argumentos que considerar. ¿Qué sucedió en los últimos treinta años con la población universitaria? Sabemos que ha descendido drásticamente, en particular la de Oviedo, origen de la Universidad, que ha repartido generosamente titulaciones y alumnos por los demás campus. Tenemos más centros físicos y menos alumnos que nunca. ¿Dónde está la tan traída carencia de espacios con la que el Rector nos atosiga?

Antes de amenazarnos con deslocalización y traslados, el Rector debería haber expuesto públicamente el estudio con el que parece contar para racionalizar el empleo de los espacios y para que los ciudadanos interesados podamos estudiarlo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Teme la transparencia? ¿O el estudio no racionaliza tanto como dice y quizás otros expertos encuentren mejores formas de racionalizar que no precisen desvestir un santo para vestir otro?

Puede haber una alternativa a la deslocalización: conceder a la EIMEM alguna de las nuevas titulaciones que se abren ahora ante la importancia que adquiere el campo energético. Yo me gradué en esta Escuela hace 50 años en la especialidad de Combustibles y Energía, y muchos de los ingenieros que ocuparon las plazas sensibles para el desarrollo energético de España procedían de las Escuelas de Ingenieros de Minas de Oviedo y de Madrid, únicas existentes en España durante un largo periodo. No deberíamos infravalorar esta solución.

La Energía es una especialidad natural a nuestra ocupación tradicional, y la implantación como nueva titulación ayudaría a resolver el actual problema de la deslocalización, que ofrece una imagen nefasta para la Universidad (y su Rector) y un deterioro para la capital, sin que se alcancen a ver sus ventajas. Somos especiales destruyendo nuestras mejores obras, y lo hacemos incluso desde instituciones tan nobles como la Universidad; y somos tan listos y hábiles que lo presentamos a la sociedad como una necesidad vital para los intereses colectivos, es decir, como un éxito, cuando se trata más bien de concluir un antiguo disparate.

En este caso se observa mucha falta de transparencia. Somos muchos los ciudadanos a quienes el Rector no ha convencido y que rechazamos frontalmente las formas y la decisión final que ha tomado. Tendrá el poder para decidir, pero, para el grupo de afectados por la decisión, y creo que para un amplio grupo de ciudadanos, carece de la autoridad moral para llevarla a cabo. Y, sin esa autoridad, una sociedad avanzada nunca permitiría tamaña agresión de su institución más noble.

Desgraciadamente, el ejemplo de los políticos gobernantes alcanza cotas tan altas de zafiedad y menosprecio por el interés general y es tanta la falta de trasparencia y tan escasos el diálogo con los ciudadanos y la deliberación pública que son el peor de los ejemplos para otras instituciones que se miran en su espejo, como es el caso de la Universidad. Claro, unos y otros cuentan con el silencio (no digo aceptación) de una sociedad civil adormecida que ha dejado a sus dirigentes llegar más lejos de lo que debería una democracia de calidad.

Continuando con los deberes, nuestra Universidad se ha apoyado siempre en la endogamia para efectuar el nombramiento de tribunales, concesión de plazas, contrataciones nuevas y otros aspectos, hasta el punto de que ha pasado a ser una característica distintiva de la Universidad. Acabar con ella nos acercará un poco a las sociedades competitivas y eficientes que basan sus nombramientos en méritos y capacidad. Si desea sinceramente acercar la Universidad a la Excelencia tendrá que asumir retos más eficientes y ambiciosos que trasladar la EIMEM.

Señor rector, en este tema ha asumido usted con su equipo el papel de verdugo sin necesidad y ha convertido a la EIMEM y a los ciudadanos en víctimas; pero ha convencido a muy pocos que no le fueran fieles antes de tomar su decisión. Carece por ello de legitimidad, y si se empeña en seguir adelante habrá hecho un flaco favor a la sociedad, que le alimenta, y a la imagen de la propia Universidad, a la que debe servir.

Si la traslada, habrá desgajado otro trozo de nuestro Oviedo universitario para completar la mayor injusticia cometida en los tiempos modernos por el estamento rector, bajo tutela político-sindical, cuando la reparación del daño efectuado en su momento, antes que a deslocalizarla, llama a dotar de nuevos medios y recursos a nuestra Escuela de Oviedo para encarar el futuro y contribuir al desarrollo que tanto necesita nuestra comunidad.