La guerra silenciada y el error de Pedro Sánchez
La postura de PS sobre el Sahara Occidental es equivocada y responde a otros intereses, ajenos al compromiso histórico de nuestro país como potencia colonial que fue en el Sahara Occidental cerca de un siglo y que en su momento España comprometió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que no eran otros que llevar a cabo un referéndum a través del cual el pueblo saharaui manifestara su voluntad.
Ese mismo compromiso fue firmado en 1991, después de quince años de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, sin que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) lo haya llevado a efecto, dejando en mal lugar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya.
Todos sabemos que las presiones de Marruecos provocando flujos de emigración incontrolada y reclamaciones sobre Ceuta y Melilla son el telón de fondo de la discordia. Otras vendrían después, como fue la acogida del presidente saharaui Brahim Gali, que había sido hospitalizado en nuestro país como consecuencia de su contagio de covid y que por razones humanitarias fue atendido por los servicios sanitarios de nuestro país, y que, como bien se recuerda, suscitó una explicación, enfado y retirada de embajadora. Tal pareciera que un supuesto país soberano como es el nuestro tuviera que rendir cuentas de a quién acoge o deja de acoger en su país. Lejos de dar una respuesta contundente a esta injerencia, tal parecía que el Gobierno trataba de justificarse y mentir, toda vez que los trámites de su llegada fueron hechos de acuerdo con el Gobierno argelino. El cambio de nombre que utilizó fue por meras razones de seguridad y era conocido por las autoridades españolas.
La equivocación de Pedro Sánchez tiene dos variantes. La primera es la contradicción de decir que España no tiene responsabilidades en el Sahara Occidental porque ya no es potencia administradora, manifestación que contradice la versión de Naciones Unidas, que sostiene que sí, toda vez que no acepta la firma del llamado “Acuerdo Tripartito”, rubricado en Madrid el 14 de noviembre de 1975, por el que España entregaba el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania sin haber cumplido los compromisos adquiridos ante la ONU, ni se puede transferir de forma unilateral un territorio a terceros países como si de una finca se tratara.
¿Si nuestro presidente manifiesta que no tiene responsabilidades como potencia administradora, por qué tiene que tomar una posición incoherente, errónea y traidora ante nuestros hermanos saharauis, que lo fueron hasta 1975?
La segunda posición errónea es ofreciendo una salida igualmente equivocada, como es la integración en Marruecos como autonomía, toda vez que Marruecos es un Estado centralista donde todos los poderes emanan de la monarquía y donde, aparte de falta de garantías en la aplicación de derechos humanos, los saharauis seguirían con toda seguridad considerados ciudadanos de segunda clase en su propio país, sin posibilidad alguna de poder acceder a cargos institucionales, jurídicos o sociales y sin garantías para los dirigentes del Frente Polisario, aparte de falta de garantías para recuperar los bienes abandonados durante el exilio y preguntarse para qué todos estos años de sufrimiento, separación de familias, miles de personas que quedaron por el camino, etcétera.
Esta medida es un cebo para cerrar en falso un conflicto creado por la cobardía de nuestro país en su momento, el nulo papel jugado en la escena internacional, la ineficacia de unas Naciones Unidas que día a día pierden influencia, como vemos en los conflictos presentes, y una decisión de una parte del Gobierno que trata de apaciguar los ánimos reivindicativos de Mohamed VI en su plan expansionista no ya solo del Sahara Occidental, sino de Ceuta y Melilla y quién sabe hasta dónde llegaría su ambición territorial sobre Canarias o Granada, por poner algún ejemplo.
Me resulta harto hipócrita hablar de derechos humanos en Cuba o Venezuela mientras miramos para otro lado en el caso de Marruecos, Israel, Qatar o Arabia Saudí, con los que tenemos excelentes relaciones, sin que nos atrevamos a cuestionar los derechos universales.
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