Leyes e iniciativas del embudo
Estos días, el Congreso de los Diputados ha aprobado una ley y una reforma del Código Penal que se parecen mucho a la conocida y legendaria “ley del embudo”, ancho para mí y angosto para ti; me refiero a la conocida como “ley del sí es sí”, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual, y contemplar el “antigitanismo” como delito de odio, que podrá ser castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Sobre el papel son iniciativas maravillosas. ¿Quién puede estar en contra de que solo el consentimiento de la mujer permita realizar actos sexuales con ella? ¿Quién puede estar en contra de que se castigue a una etnia, a una raza o a un grupo social por el mero hecho de serlo? Pero, en la práctica, hablamos de otra cosa. La “ley del sí es sí” fue aprobada con 201 votos a favor, 140 en contra y 3 abstenciones; la derecha y la ultraderecha han hecho bandera en contra como las izquierdas lo han hecho a favor, pero es muy llamativo que la modificación del Código Penal para introducir el antigitanismo como delito de odio no tuvo ni un solo voto en contra, solo la abstención de Vox. La “ley del sí es sí” no contempla ningún instrumento legal para que los hombres se puedan defender de denuncias falsas, y así una mujer puede afirmar que no hubo consentimiento, aunque en verdad lo hubiere, y que dijo que no cuando en realidad dijo que sí. Esto introduce una distorsión muy grave en la tramitación de las causas, porque hasta ahora la Justicia necesitaba pruebas; a partir de ahora la palabra de la demandante será suficiente, y esto provoca la total indefensión de los hombres, que podrán ser condenados siendo inocentes. Al nuevo feminismo totalitario las formas, la ética y la justicia le importan un pimiento, ya hemos visto cómo el Gobierno, presionado desde el Ministerio de Igualdad, ha indultado a Juana Rivas y a Margarita Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, ambas juzgadas y condenadas por secuestrar a sus hijos y arrancarlos de la custodia de los padres, que tenían, por sentencia judicial, otorgada la patria potestad. El indulto de Margarita Sevilla es especialmente grosero porque esta señora dirige una asociación que ayuda y protege a las secuestradoras, como ayudó y protegió a Juana Rivas, que recibe dinero público y porque mantuvo escondido y sin escolarizar a su hijo durante dos años. Hay hombres en la cárcel por cometer exactamente los mismos delitos, pero a esos no los indulta nadie. Merced a esta ley, y a muchos millones de euros de dinero público, se crearán nuevos chiringuitos que “ayudarán y tramitarán ayudas para las mujeres”, por ejemplo: las mujeres que manifiesten ser objeto de maltrato o de abusos sexuales tendrán derecho a “una solución habitacional”, a un salario social y a una larga lista de ayudas ¡aunque no hayan presentado ninguna denuncia! y eso incluye a las mujeres extranjeras, también a las que estén en España en situación irregular. Una buena parte de ese dinero público irá destinado a anuncios en la televisión y en las cadenas de radio.
Nadie está contra los gitanos por serlo, pero a partir de ahora, si se critica a los clanes de la droga, a personas que tienen su propia ley al margen de la Constitución y de las leyes que nos obligan a todos, a un grupo social donde impera el patriarcado más absoluto, a una etnia que sobresale por su racismo (por eso, después de siglos, sigue siendo una etnia), a gente que casa a menores, a veces niños, o a quien tiene costumbres tan aberrantes como la “ceremonia del pañuelo”, y se hace esa crítica no porque sean gitanos, solo porque son los gitanos los que hacen ese tipo de cosas, cosas que también se criticarían si las hicieran otros, podrás ser acusado de un delito de odio.
Se trata, obviamente, de buscar nichos de votos, votos cautivos, como sería el de una renta básica universal (que los que trabajan te paguen por estar sentado en casa rascándote la barriga), que decidan las elecciones. Iniciativas que pueden tener el efecto contrario.
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