Instituciones enfermas
Un elemento básico para el funcionamiento democrático de un Estado son sus instituciones. Si estas están enfermas, la democracia también lo estará, más allá incluso del buen hacer de las personas. España hace ya tiempo que soporta un nivel de corrupción incompatible con la democracia: determinados partidos políticos, el poder judicial, la monarquía, los cuerpos de seguridad y la jerarquía católica, por citar los más conocidos que no los únicos. Cada vez que se manifiesta un problema de corrupción en cualquier institución, los esfuerzos se centran en buscar los culpables personales, algo absolutamente necesario, pero claramente insuficiente si de verdad se quiere atajar el problema. ¿Por qué? Porque más importante que la sanción personal es buscar, encontrar y modificar o erradicar drásticamente las estructuras institucionales que han permitido e incluso, en algunos casos, facilitado la actuación corrupta. Se podrían poner múltiples y variados ejemplos, pero me voy a ceñir a la Monarquía y al rey emérito. El problema fundamental no es si el rey es amoral, defraudador o ladrón, características, por otra parte, muy humanas, sino qué estructura institucional y sobre qué legalidad está construida que permite que un sujeto, en este caso el rey emérito, sea inviolable e injuzgable respecto de posibles responsabilidades delincuenciales.
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