¿Crisis para todos?
Al parecer, el Estado español se encuentra inmerso en una terrible crisis económica. Se han congelado las pensiones, los funcionarios públicos han visto rebajados sus salarios, numerosas obras públicas se han paralizado, se ha restringido el gasto social y se han efectuado recortes significativos en sanidad y educación. La Universidad está en precario y acaba de aflorar el temido debate sobre la jubilación y la viabilidad del modelo de pensiones. Sin olvidarnos de que en España el veinte por ciento de la población activa no tiene trabajo ni esperanza de encontrarlo.
Ante esta situación, el ciudadano, obligado a grandes sacrificios, no percibe que por parte de la clase política exista el mismo espíritu de sacrificio que a él se le exige. Ve con indignación cómo el derroche del dinero público es una constante en los administradores del mismo, que no han hecho un solo recorte ni en los gastos superfluos ni en sus inadmisibles privilegios.
Afirman sin rubor nuestros dirigentes que ellos están al servicio del ciudadano, cuando la tremenda realidad es que el ciudadano está al servicio de esta casta. Coches oficiales de lujo y en número innecesario, viajes en primera clase, tarjetas de crédito en todos los ámbitos (jamás una Administración publicará los listados de gastos con cargo a ese concepto), restaurantes de cuatro tenedores, emolumentos inadmisibles, regalos institucionales, viajes rodeados de parafernalia y toda una serie de privilegios a los que por supuesto no están dispuestos a renunciar ni restringir. A fin de cuentas es una de las finalidades del estatus que han alcanzado y que en la vida civil la mayoría ni soñarían. A ello hemos de añadir todo tipo de celebraciones institucionales tremendamente onerosas para el erario y que son absolutamente prescindibles, pero que forman parte del circo, aunque sea sin pan.
Ilustrativo de esta filosofía de lo público que tienen nuestros dirigentes es la noticia que apareció en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA hace poco más de dos meses. El Ayuntamiento de Oviedo homenajea con una comida a cuarenta de sus funcionarios.
Los ciudadanos, ante situaciones como ésta, nos preguntamos ¿El dinero de nuestros impuestos está para llenar estómagos de funcionarios y políticos? No dudamos de que estas actuaciones sean perfectamente legales, ya se ocupan ellos de cubrirse las espaldas con normativas adecuadas al caso, pero tampoco nos cabe duda de que se trata de una absoluta y obscena inmoralidad, dinero público para homenajes gastronómicos. Bueno sería informar a estos administradores de que cuando en otros sectores de la Administración hay que homenajear a algún funcionario, el resto de compañeros lo paga a partes iguales de su bolsillo.
Esta anécdota, que parece irrelevante, pretende hacer ver la realidad de nuestros administradores, disponen del dinero de los contribuyentes como si de un cortijo se tratara y dilapidan a manos llenas lo que pertenece al erario público y es fruto del sacrificio de los ciudadanos.
Evidentemente estos casos de derroche y utilización en fastos, celebraciones y otras eventos no son exclusivos de la Administración local, lo mismo que en los ayuntamientos ocurre en las diputaciones, las autonomías o la administración del Estado, y, por supuesto, tampoco es exclusiva esta filosofía de lo público de un partido político concreto, tirios y troyanos se comportan de igual modo allá donde ejercen el poder.
Chocolate del loro que ellos denominan para intentar minimizar lo gravoso del gasto, pero que acaba por costar millones de euros al ciudadano dado lo reiterado de estas conductas.
Si a esa ejemplar gestión de lo público añadimos las peculiaridades locales como «Villas Magdalenas», Museles, Zarzuelas, Laborales y otros varios, tendremos una clara percepción de una de las causas por las que está incrementada la dificultad para escapar de esta tremenda crisis que atenaza a la ciudadanía, pero no a los privilegiados.
En numerosas ocasiones oímos de sus bocas la ya manida frase «es que no hay dinero», mientras que en nuestro fuero interno pensamos dinero sí hay, otra cuestión es en qué se gasta.
Sin embargo, tampoco debe el ciudadano sustraerse a su responsabilidad, con nuestro voto hemos sido quienes los hemos llevado al poder, quienes les hemos concedido a sabiendas la posibilidad de mal administrar los bienes públicos. A fin de cuentas, tenemos lo que nos merecemos y tras las próximas elecciones les volveremos a entregar nuestro patrimonio para que lo dilapiden.
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